La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) puso bajo la lupa el manejo de 1,837 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria que, entre 2023 y 2025, diputados propietarios y suplentes gestionaron para programas de becas, cupones alimenticios, obras sociales y otras ayudas.
La organización presentó este miércoles la denuncia pública "Diputados solidarios", en la que advierte sobre una falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de esos recursos públicos.
De acuerdo con el informe de ASJ, el Congreso Nacional habilitó desde 2023 una partida de hasta 950 millones de lempiras anuales para siete instituciones estatales, con el propósito de financiar programas sociales y obras de infraestructura menor.
Sin embargo, ASJ sostiene que, aunque instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) aparecen como ejecutoras, los diputados presentaban proyectos, solicitaban beneficios y gestionaban su entrega en las comunidades.
El problema, según la organización, radica en la ausencia de liquidaciones y mecanismos suficientes para conocer el destino final de los fondos.
Solo durante 2024, el año de mayor ejecución, estas tres instituciones movilizaron 898.5 millones de lempiras, según los datos citados por ASJ.
¿Dónde está el dinero que no se ha liquidado?
Uno de los hallazgos que más cuestionamientos genera corresponde a los cupones y certificados alimenticios.
ASJ reportó que durante el período analizado se canjearon más de 187 millones de lempiras, pero únicamente el 37 % aparece liquidado. El resto, señala la organización, permanece sin suficiente trazabilidad.
Además, más de 53 millones de lempiras en cupones fueron entregados mediante un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre), según el informe.
La organización también examinó las becas estudiantiles. En este caso, 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron más de 110 millones de lempiras para cerca de 22,000 becas entre 2023 y 2025.
Diputados señalados por la ASJ
Entre los nombres que ASJ identifica con mayor concentración de recursos aparecen el exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores, junto con su suplente, con 29 millones de lempiras destinados a 5,801 becas.
Le sigue Hugo Rolando Noé Pino, también junto con su suplente, con 25.7 millones de lempiras para 5,142 becas.
ASJ aclara que estos datos corresponden a la gestión de recursos y beneficios consignados en los registros analizados y plantea que las autoridades deben investigar el destino y la correcta liquidación de los fondos.
Supuestos beneficiarios niegan haber recibido las ayudas
El informe incorpora otro elemento que eleva las interrogantes: ASJ realizó visitas y entrevistas aleatorias a personas que aparecían en registros oficiales como beneficiarias.
Según la organización, varias personas negaron haber recibido la ayuda que figuraba a su nombre, mientras otras aseguraron haber recibido un beneficio diferente al registrado.
En uno de los casos, ASJ incluso encontró que la persona señalada en los documentos como destinataria de apoyo económico no contaba con el negocio que aparecía en los registros.
Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, cuestionó durante la presentación pública qué ocurrió con los recursos que no cuentan con una liquidación verificable.
"Si no recibieron el beneficio, si no liquidaron, ¿a dónde fue a parar ese dinero?", planteó Hernández, al considerar que los hallazgos ameritan una investigación del Ministerio Público.
Hernández también señaló que ASJ entregará la denuncia ante la Fiscalía para que determine si existieron responsabilidades.
ASJ cuestiona posible uso electoral de los recursos
El informe también recoge un análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional. Según ese análisis, 23 de los diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales u obras de infraestructura menor resultaron reelectos en el proceso electoral más reciente.
Entre los legisladores reelectos que gestionaron fondos para obras sociales destacan Isis Cuéllar y Edgardo Casaña.
ASJ plantea que este patrón podría relacionarse con el uso de recursos públicos como herramienta de clientelismo político, aunque corresponde a las autoridades determinar si existió una utilización indebida de fondos.
La organización insiste en que el problema no se limita a identificar quién recibió los recursos, sino a determinar cómo se entregaron, quién los recibió y cómo se justificó cada lempira.
ASJ también cuestionó que Sedesol todavía no haya liquidado fondos correspondientes al período 2023-2025 y que la institución haya reconocido dificultades para precisar el procedimiento que debía seguir para hacerlo.
Otro punto señalado corresponde a las becas estudiantiles administradas mediante un convenio entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Sedesol que incluye una cláusula de confidencialidad.
ASJ considera que esa disposición no puede utilizarse para impedir el acceso a información pública que debe estar sujeta a mecanismos de transparencia.
Las recomendaciones de ASJ
Ante estos hallazgos, ASJ recomienda aprobar una Ley de Administración de Subvenciones, publicar oportunamente los nombres de beneficiarios y las liquidaciones, y prohibir que los diputados intermedien directamente en la entrega de ayudas financiadas con fondos públicos, especialmente durante períodos electorales.
La organización sostiene que la falta de trazabilidad no demuestra por sí misma que los recursos hayan sido desviados, pero considera que las inconsistencias detectadas justifican una investigación formal para establecer qué ocurrió con el dinero público.
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