La Empresa Nacional de Energía Eléctrica fijó el 29 de diciembre de 2026 como fecha tope para que los abonados con anomalías corrijan su situación.
La medida se ampara en la Ley de Justicia Energética, otorgando un margen excepcional para evitar consecuencias legales y administrativas graves.
Superado este período, la estatal intensificará las inspecciones técnicas y las acciones punitivas en todo el territorio de Honduras.

Consecuencias legales y cobros retroactivos
Quienes omitan este llamado enfrentarán penalizaciones severas que incluyen cobros retroactivos por la energía consumida de forma clandestina.
La normativa vigente contempla la aplicación de multas, recargos e intereses acumulados para los infractores detectados.
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Asimismo, la institución coordinará operativos directos con el Ministerio Público y la Policía Nacional para procesar los casos constitutivos de delito.
Radiografía de las pérdidas y anomalías técnicas
Un informe comercial de la estatal eléctrica revela la existencia de miles de irregularidades pendientes de resolución en el sistema.
El registro detalla un volumen considerable de acometidas situadas en asentamientos, bordos e invasiones urbanas del país.
A esto se suman numerosos clientes que son facturados mediante promedios debido a la ausencia de lecturas reales en sus contadores.

Pasos obligatorios para la legalización del suministro
Los propietarios interesados en normalizar su situación deben presentarse portando su Documento Nacional de Identificación y un comprobante de domicilio.
Posteriormente, las cuadrillas técnicas especializadas realizarán una inspección presencial en el inmueble para definir el proceso contractual adecuado.
Las autoridades recuerdan que la falta de un medidor se evalúa de forma individual y no constituye automáticamente un delito de hurto.
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