Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), adscrita al Ministerio Público, realizaron este martes un secuestro de documentos en las oficinas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), específicamente en el área del Sindicato de Trabajadores (Sitrainfop), que preside Esteban Antolino Díaz.

La acción se produjo luego de que el director del Infop, Carlos Suazo, interpusiera una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Díaz, a quien acusa de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos e intrusismo profesional.

Suazo aseguró que entregó medios probatorios que respaldan la acusación y pidió al ente acusador investigar si existen otras instituciones o personas involucradas, entre ellas la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), el Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas y personal del Juzgado de Letras de Francisco Morazán.

De acuerdo con la denuncia, Antolino Díaz habría iniciado en 2010 un esquema fraudulento que le permitió percibir un salario de 130 mil lempiras mensuales sin contar con el título profesional que decía poseer, acumulando más de 21 millones de lempiras de manera ilícita hasta la fecha.

"A don Antolino lo beneficiaron con una demanda que no tenía todos los sustentos y todos los documentos necesarios para desarrollarse y existe el delito de prevaricato porque el juez aún sabiendo que esa demanda no cumplía con los requisitos, aún así le dio tramite", explicó Suazo.

El funcionario detalló que el dirigente sindical presentó documentos presuntamente falsificados para lograr que un Juzgado de Trabajo admitiera su solicitud con información incorrecta, y que durante años recibió un pago como ingeniero agrónomo, a pesar de no contar con un título válido de la UNAG.

Sitrainfop denuncia "justicia parcializada"

Tras las acciones de la ATIC, miembros del Sitrainfop denunciaron que las autoridades parcializan la justicia, ya que solo atendían ciertas denuncias.

"Eso obedece a una justicia parcial que nosotros notamos que solo en el caso de ahora del director, solo a él y no se hace nada a favor de los empleados hondureños. Todavía queda la parte legal. Nuestro compañero tiene los documentos para demostrar que la denuncia es infundada", señaló César Galo, miembro del Sindicato del Infop.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, mientras la ATIC mantiene en su poder la documentación incautada para ser analizada.