Este viernes 25 de octubre, se publicó en el diario oficial La Gaceta el Acuerdo Ejecutivo 190-2024, que otorga a la titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Rixi Moncada, la facultad legal de autorizar, adjudicar y suscribir contratos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, obras, diseño y consultorías.

Además, la adquisición de suministros, instalaciones y supervisión necesarias para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras, dentro del marco de ejecución del Plan de Solución Contra el Crimen.

Contexto del Acuerdo Ejecutivo

El acuerdo surge en respuesta a una orden de la presidenta de la República, Xiomara Castro emitida el 3 de septiembre de 2024, en la que instruyó a la Secretaría de Defensa a proporcionar las herramientas y tecnología necesarias para las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

 La publicación destaca que la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en situaciones excepcionales, cuando es necesaria la adquisición de bienes o servicios especializados o cuando las operaciones gubernamentales exigen confidencialidad.

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Facultades otorgadas

Mediante este acuerdo, Rixi Moncada podrá gestionar de manera directa y urgente todo lo relacionado con la adquisición de recursos estratégicos para el combate al crimen organizado en los municipios con mayores índices de criminalidad.

Además, el acuerdo especifica que se aplicarán las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado en lo que refiere a la adquisición de bienes y servicios, contratos de consultoría y la construcción de obras públicas. Todo este proceso deberá cumplir con los requisitos legales y será sujeto a auditorías, según el texto del decreto ejecutivo.

Vigencia y alcance del acuerdo

El Acuerdo Ejecutivo 190-2024 tendrá una vigencia de un año a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Asimismo, se otorga continuidad a los proyectos iniciados bajo el Acuerdo Ejecutivo 002-2024, publicado en febrero, cuyo fin es fortalecer las capacidades institucionales de Honduras en su lucha contra el narcotráfico.

Supervisión y transparencia

Los contratos suscritos bajo este acuerdo estarán sujetos a aprobación y auditoría según lo establecido por la Constitución de la República y otras leyes aplicables.

 Además, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deberá ser informado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma de cada contrato, garantizando así la transparencia en el uso de los recursos públicos.

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