Desde hace meses, en Honduras comenzó a gestarse una peligrosa y cada vez más común práctica criminal: el autosecuestro, personas que simulan estar secuestradas para luego exigir a sus propios familiares dinero por su “liberación”.
Un engaño que no solo golpea emocional y económicamente a quienes caen en la trampa, sino que también activa todo el aparato judicial y policial en una falsa alarma.
Aunque algunos casos logran ser descubiertos por las autoridades gracias a inconsistencias en los relatos o pruebas mal montadas, muchos otros logran consumarse sin ser detectados.
La Fiscalía reconoce que este no es un hecho aislado, sino parte de una creciente ola de denuncias en distintas regiones del país.
El autosecuestro
En un reciente hecho, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y su Sección Contra el Delito de Secuestros, confirmó que seis personas enfrentan un proceso penal por simular su propio secuestro.
Entre los autosecuestrados, que ejecutaron montajes donde aparentaron estar privados de libertad, en una maniobra orquestada con precisión, están dos agentes de policía, Ángel Anael Espino Zúniga y Orlin Israel Cárcamo Cálix.
Grabaron audios falsos, enviaron mensajes con amenazas y hasta utilizaron intermediarios para contactar a sus familiares.
Todo con el objetivo de que sus seres queridos accedieran a depositar dinero por su rescate.
Los demás acusados son Nilson Rolando Cálix, Reinerio Valeriano Avelar, José Antonio López López y Felipa Cantarero Ramos.
Todos enfrentan cargos por el delito de simulación de infracción inexistente, tipificado en el artículo 529 del Código Penal hondureño.
Una red que llegó hasta las fuerzas del orden
El hecho de que entre los imputados figuren policías no es un dato menor. Revela cómo la tentación del dinero fácil puede permear hasta los cuerpos de seguridad.
En este caso, quienes debían investigar delitos fingieron ser víctimas de uno, con total conocimiento del aparato judicial que se activaría para dar con su supuesto paradero.
La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fue la encargada de desmantelar el engaño.
Detectaron contradicciones, inconsistencias en las llamadas de emergencia, movimientos bancarios sospechosos y patrones que alertaron que los secuestros no eran más que montajes.
Castigo leve, pero costo alto
Aunque la pena por este tipo de delito oscila entre seis meses y dos años de prisión, más una multa de 100 a 300 días, el daño es más profundo.
Cada caso moviliza a fiscales, policías, recursos logísticos, horas de investigación y alimenta el miedo de una sociedad ya golpeada por el crimen real.
El bien jurídico que se protege con este tipo penal es la buena administración de justicia.
Fingir un delito consume recursos que deberían destinarse a verdaderas víctimas. Y también deja secuelas emocionales en las familias manipuladas.
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El autosecuestro en Honduras en aumento
Lo más alarmante no es solo el hecho en sí, sino que no es el primero ni será el último. En varias zonas del país, la Fiscalía identifica patrones similares.
Jóvenes endeudados, adultos buscando dinero rápido o parejas que pactan fingir el autosecuestro de uno de ellos.
Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las transferencias digitales hacen más fácil montar estas farsas.
Y aunque algunos logran obtener dinero antes de ser descubiertos, el sistema ya está atento.
El autosecuestro no solo es un delito, es un acto de traición hacia la confianza de una familia y una burla hacia un sistema judicial que colapsa por crímenes reales.
El uso del sufrimiento ajeno como moneda de cambio solo evidencia una profunda fractura ética que, de no detenerse, seguirá creciendo como una sombra más del crimen en Honduras.
