El primer censo nacional para identificar el número real de Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (Ircas) y de menores bajo custodia del Estado en Honduras avanza significativamente.
Según Héctor Espinal, vocero de Unicef, más de 300 IRCAS atienden a menores en riesgo social en el país.
"Después de muchos años, se decidió realizar un mapeo para identificar cuántas Ircas y cuántos niños en riesgo social hay en Honduras.
Unicef, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organiza este censo para determinar la ubicación y condiciones de estos niños, así como la atención, cuidado y educación que reciben", explicó Espinal.
Este censo tiene como objetivo evaluar el funcionamiento de estos establecimientos, especialmente tras denuncias de maltratos y abusos contra menores.
Se investigará
UNICEF y Senaf aseguran que, de encontrar irregularidades, el Ministerio Público investigará para que el Estado hondureño pueda brindar una atención adecuada y crear un sistema integral de garantías de derechos para proteger a estos niños y niñas.
"Tenemos la responsabilidad de garantizar que esos niños estén protegidos. El mapeo a nivel nacional es clave. Si encontramos debilidades o violaciones, procederemos a la protección inmediata. Además, el Ministerio Público realizará las investigaciones correspondientes en caso de delitos", afirmó Lizeth Coello, ministra de Senaf.
UNICEF está comprometido con investigar las dificultades en los centros, así como los abusos y la violencia, para tener una mayor evidencia en los casos.
"Decidimos hacer este estudio para tener una evidencia objetiva y proporcionar respuestas a nivel comunitario, familiar y ante las instituciones del Estado responsables de la protección y cuidado de nuestras niñas y niños", señaló Espinal.
Más de 300 Ircas
El censo, que comenzó en enero de 2024, avanza y se espera tener los resultados finales para este año. "Se pensaba que había aproximadamente 300 centros, pero han ido apareciendo más", comentó Espinal.
En cada uno de estos centros se realiza una inspección minuciosa para evitar prácticas que pongan en riesgo a los menores.
"Tener un censo y un mapeo es un paso importante. Se espera tener un reporte para agosto o septiembre. Con esta información, el Estado hondureño podrá tomar medidas desde el Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema y toda la institucionalidad para mejorar la situación de los niños", concluyó Espinal.
