Ocho años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizara al Estado de Honduras por las condiciones que enfrentaron los buzos misquitos, las secuelas de aquella crisis siguen visibles en La Mosquitia.
Cientos de familias continúan cargando las consecuencias de accidentes, discapacidades y muertes ligadas a la pesca submarina.
Mientras la langosta hondureña alimentó una industria que movía millones de lempiras, cientos de buzos misquitos regresaron del mar sin poder caminar, con daños neurológicos irreversibles o condenados a una vida de dolor. Otros simplemente no regresaron.
Durante décadas, la pesca submarina fue para miles de misquitos mucho más que un empleo.
Fue la única alternativa para sobrevivir en una de las regiones más pobres y aisladas del país.
Pero ese trabajo también se convirtió en una trampa que dejó muertos, discapacitados y familias enteras sumidas en la pobreza.
La magnitud de esa tragedia se documentó en el Informe de Fondo No. 64/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabilizó en 2021, al Estado de Honduras.
Esto por violaciones a derechos fundamentales de buzos misquitos afectados por las condiciones en que desarrollaban su trabajo
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Buzos misquitos: donde la única salida era lanzarse al mar
La CIDH documentó que el departamento de Gracias a Dios arrastró graves problemas de pobreza, desempleo, desnutrición y falta de servicios básicos.
La región permanecía prácticamente aislada del resto del país y ofrecía pocas oportunidades laborales para la población indígena misquita.
En ese escenario, la pesca de langosta mediante buceo fue una de las principales fuentes de ingresos para miles de familias.
Muchos jóvenes comenzaban desde la adolescencia, atraídos por la necesidad económica más que por elección, pero el precio fue devastador.
Inmersiones profundas y condiciones extremas
Según la documentación recopilada por la CIDH, los buzos trabajaban bajo condiciones que organizaciones nacionales e internacionales calificaron durante años como peligrosas.
Las denuncias incluían falta de capacitación, equipos de buceo deteriorados, jornadas extenuantes, ausencia de atención médica inmediata y presiones para realizar inmersiones superiores a los 40 metros de profundidad.
Informes citados por la Comisión también señalaron que algunos capitanes obligaban a los buzos a continuar descendiendo pese a los riesgos, mientras las embarcaciones carecían de medidas básicas de seguridad.
La consecuencia era una cadena de accidentes que se repetía año tras año.
El síndrome que dejó a cientos sin movilidad
Uno de los mayores peligros era el síndrome de descompresión, una lesión provocada por cambios bruscos de presión durante el ascenso a la superficie.
La CIDH recoge información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que señala que el 97 % de los buzos misquitos sufrió algún grado de esta afección y que al menos 4,200 misquitos presentaron discapacidades relacionadas con la actividad.
Las secuelas incluían daños neurológicos, pérdida de movilidad, lesiones óseas permanentes y, en algunos casos, parálisis irreversible.
Muchos de los afectados no recibieron atención especializada a tiempo ante la falta de establecimientos en el área.
El acceso a cámaras hiperbáricas, esenciales para tratar estos casos, era limitado y las demoras marcaron la diferencia entre recuperarse o quedar discapacitado para siempre.
Un intento de respuesta, ocho años después
Aunque las secuelas documentadas por organismos nacionales e internacionales se remontan a décadas atrás, surgen anuncios orientados a mejorar la atención de los buzos de La Mosquitia.
La diputada Erika Urtecho informó que los buzos artesanales de la región contarán con dos cámaras hiperbáricas destinadas a la atención de enfermedades y lesiones relacionadas con el buceo.
Según la congresista, el proyecto tiene una inversión de 54 millones de lempiras y fortalecerá la recuperación física de los buzos misquitos.
Los esfuerzos recientes también se producen después de que el Estado de Honduras reconociera públicamente su responsabilidad por los daños sufridos por los buzos misquitos.
En 2023, durante actos relacionados con el cumplimiento de las medidas ordenadas por el sistema interamericano de derechos humanos, representantes estatales expresaron:
"Asumimos la responsabilidad pública por hechos ocurridos y daños sufridos de los buzos misquitos. Ofrecemos disculpa pública a víctimas, familiares y comunidad".
La disculpa constituyó uno de los reconocimientos más significativos derivados del caso que durante años documentó muertes, discapacidades permanentes y afectaciones a decenas de familias de La Mosquitia.
Cuando la discapacidad no significó el fin del riesgo
Uno de los hallazgos más duros del informe es que numerosos buzos lesionados regresaron al mar pese a sus condiciones físicas.
No lo hacían porque estuvieran recuperados, lo hacían porque no tenían otra forma de llevar comida a sus hogares.
La CIDH documentó casos de trabajadores que, después de sufrir accidentes graves, volvieron a bucear debido a la falta de ingresos.
La situación también impactó a miles de niños y niñas. Según un informe citado por la Comisión estimó que para 2007 alrededor de 4,500 menores misquitos vivían en situación de vulnerabilidad porque sus padres murieron o quedaron discapacitados a causa del buceo.
La langosta generó riqueza para la industria pesquera, pero para muchos buzos misquitos, dejó cicatrices permanentes.
Además de vidas truncadas y una deuda histórica que pesa sobre Honduras décadas después de que ocurrieran los primeros accidentes.
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