En el Bajo Aguán, la justicia dejó de tener voz. Las comunidades campesinas que un día soñaron con prosperar gracias a la reforma agraria hoy sobreviven bajo el terror impuesto por Los Cachos, una banda criminal que se adueñó de las tierras a punta de fusiles y amenazas.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, este grupo armado atacó a las cooperativas Camarones, El Chile y Tranvío, ubicadas en Quebradas de Arena, municipio de Tocoa.
Los ataques fueron tan violentos que 478 familias campesinas abandonaron sus hogares.
Los Cachos ocuparon los terrenos de la cooperativa Camarones, desplazaron a hombres y mujeres que durante años cultivaron esas tierras.
Intentar recuperarlas es un acto de valentía y desesperación. A finales de 2024, las comunidades marcharon, protestaron y exigieron justicia.
La respuesta fue más fuego. Ni siquiera la Policía resistió: retrocedió superada en número y armamento ante la ferocidad del grupo criminal.
Sin respuestas del Estado en el Bajo Aguán
Las esperanzas del campesinado se apagaron cuando la Secretaría de Seguridad se negó a ejecutar los desalojos ordenados por los tribunales.
También, el Juzgado de Jurisdicción Nacional especializado en Criminalidad Organizada se negó a fijar una nueva fecha para expulsar a los invasores.
Ese vacío legal consolidó el poder de Los Cachos, dejando a las comunidades a su suerte.
Lo que ocurrió en Camarones no es un hecho aislado: forma parte del conflicto agrario más sangriento de Honduras, donde desde 2010 a más de 200 campesinos los asesinaron por defender su derecho a la tierra.
Solo en 2025, once ya perdieron la vida. Y mientras el crimen avanza, el Estado se diluye, incapaz de garantizar la vida ni el derecho a la tierra de quienes la trabajan.
Campesinos frente al Poder Judicial: “Venimos a exigir justicia”
Desesperados ante la impunidad, 200 campesinos (hombres y mujeres) del Bajo Aguán viajaron a Tegucigalpa y levantaron un campamento frente al Palacio de Justicia.
Llegaron con mochilas, carpas y pancartas exigiendo una sola cosa: que se cumpla la ley.
“No venimos a pedir favores, venimos a exigir que cumplan con su deber”, dijo Johny Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria.
“Si pasamos hambre desplazados en el Aguán, la pasaremos aquí, frente a quienes deben aplicar la justicia”.
El 9 de octubre de 2025, lograron reunirse con una comisión especial del Poder Judicial.
La promesa era informarles al día siguiente sobre las gestiones para ejecutar el desalojo pendiente.
El comunicado del 11 de octubre de la Plataforma Agraria y el COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán) resume lo que ocurrió.
“Esta situación representa una pérdida de soberanía del Estado hondureño frente al crimen organizado y manda un mensaje de impunidad que alienta a seguir cometiendo crímenes contra el movimiento campesino del Aguán”.
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Resistir bajo la lluvia y el olvido
En el Bajo Aguán, donde dicen los campesinos que la justicia se rindió ante los fusiles de Los Cachos, ellos resisten.
No hay escoltas ni garantías. Solo la fe en que la tierra que un día sembraron volverá a sus manos.
Entre el barro y la desolación, su lucha es un símbolo de dignidad. Mientras la justicia siga inmóvil, ellos seguirán en pie, recordándole al país que la tierra no se defiende con armas, sino con esperanza.
