A Inés Suyapa Guillén y José Luis Hernández los enterraron sin justicia. Sus cuerpos, exhumados en la aldea Panamá de Trujillo, Colón, son parte de una nueva diligencia ejecutada por la Fiscalía Regional del Bajo Aguán (FRBA) y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba).
Esta operación, una más de tantas, es solo un indicio del dolor que se acumula en esta zona del país desde hace casi dos décadas.
Las autoridades insisten en que investigan. Las exhumaciones se hacen para recopilar evidencias, establecer causas y hallar responsables.
Pero en el Bajo Aguán, donde la muerte acecha con rostro conocido y armado, la justicia llega tarde… o no llega.
Bajo Aguán: tierra fértil, tierra en disputa
El Bajo Aguán fue alguna vez sinónimo de esperanza. Atractivo por su riqueza para cultivar palma africana, se convirtió en los años 70 en refugio de cientos de campesinos que huían del hambre y la sequía.
Pero la tierra, codiciada por empresarios, campesinos, criminales y políticos, se convirtió en una maldición.
Desde 2006, la violencia se volvió parte del paisaje. "Empezó como una disputa agraria, pero escaló en una guerra territorial por el control del poder, el territorio y la renta que genera la tierra", dice un exagente que investigó la zona.
Detrás de las muertes, hay mucho más que conflictos entre cooperativas: hay crimen organizado, narcotráfico y estructuras paralelas de poder que disputan el control de un corredor clave para el tráfico y la influencia local.
Cooperativas bajo fuego
Las cooperativas campesinas Camarones, Tranvío y El Chile, integradas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), sufren no solo asesinatos y desplazamientos, sino campañas de desprestigio, intimidación y hasta retenciones ilegales.
Desde diciembre de 2024, las zonas de Quebrada de Arena, Panamá y Corocito son escenario de ataques constantes.
Al menos cinco cooperativas agrícolas son golpeadas por esta ola de violencia. Más de 150 familias huyeron.
Las libertades de circulación y de trabajo agrícola se ven cada vez más limitadas. Hoy, en pleno 2025, la región sigue al borde de la emergencia.
Las balas reemplazan al diálogo y los cuerpos sin vida se suman a una larga lista que, año con año, no deja de crecer.
Intervenciones que no curan
El caso del Bajo Aguán no es nuevo. En 2006, durante el gobierno de Manuel Zelaya, se intentó una primera intervención.
Para el 2022, se firmó un convenio para proteger a 13 cooperativas de desalojos y se prometió la instalación de una Comisión Tripartita.
Y luego, en 2023, se creó la Comisión de Seguridad Agraria. Ninguna de estas medidas frenó el derramamiento de sangre.
Según Hugo Maldonado, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), el problema persiste porque “detrás de este conflicto hay intereses del narcotráfico, el crimen organizado y políticos inescrupulosos que lo utilizan para su beneficio”.
La Comisión Tripartita, que debía investigar violaciones de derechos humanos, nunca se instaló.
Las reformas a la seguridad agraria, que prometían garantizar el derecho a la tierra, se estancaron.
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Defensores asesinados, Estado ausente
En 2023, a siete defensores de la tierra los asesinaron en la región. Entre 2022 y 2023, al menos cinco campesinos más perdieron la vida, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El Estado, en lugar de garantizar su protección, falló en lo más básico: ofrecer seguridad, justicia y un futuro sin miedo.
Hoy, nuevamente, organizaciones nacionales e internacionales declaran emergencia. Las comunidades del Bajo Aguán ya no solo claman por tierra: claman por vivir.
El Bajo Aguán es una herida abierta que sangra desde hace años. Ni las balas ni los comunicados la cierran.
Cada operativo, cada exhumación, cada entierro es un recordatorio de que la paz no llega.
La tierra sigue en disputa, la muerte sigue al acecho, y los campesinos resisten, siembran esperanza en un terreno donde la justicia aún no florece.
