El 17 de julio de 2025, la violencia volvió a golpear el Bajo Aguán. Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Rivas Canales fueron asesinados a balazos mientras se dirigían a sus labores diarias.
Pertenecían a las empresas asociativas campesinas de producción ‘La Aurora’ y ‘Gregorio Chávez’, integradas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
Ambos eran familiares de Santos Hipólito Rivas y Javier Rivas, también defensores de la tierra y asesinados en 2023.
Ninguno de esos crímenes se esclareció. La impunidad reina una vez más, y abre paso al horror.
Bajo Aguán, tierra de impunidad
El Bajo Aguán continúa siendo una región marcada por el conflicto agrario y la ausencia de justicia.
De acuerdo con la Plataforma Agraria y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), con los asesinatos de Ramón y Carlos ya suman nueve campesinos organizados asesinados solo en 2025.
La cifra supera los 200 desde el golpe de Estado de 2009. Los patrones son los mismos: persecuciones, desalojos violentos, estigmatización y criminalización.
El Estado permanece ausente mientras las comunidades pagan con sangre su resistencia.
“Estas acciones son producto de la impunidad y de las operaciones que desarrollan grupos criminales para continuar con el despojo continuado de las tierras de la reforma agraria”, dice un comunicado conjunto la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA).
"Los Cachos", grupo que intimida
Tanto la Plataforma Agraria como COPA señalan directamente a un grupo armado: “Los Cachos”.
Según denuncian, esta estructura criminal protagoniza una ola de desalojos violentos contra cooperativas campesinas, incluso aquellas que firmaron acuerdos con el actual gobierno.
Ambas organizaciones exigen investigaciones inmediatas y creíbles, así como protección efectiva para quienes luchan por el acceso a la tierra y se oponen al avance de monocultivos y proyectos extractivos.
La Oacnudh y la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán
La Oacnudh, que condenó el asesinato de Ramón y Carlos Rivas, recordó que el Estado hondureño firmó hace más de tres años un acuerdo con cooperativas y empresas asociativas campesinas.
Sin embargo, la violencia en el Bajo Aguán no cesa. "La falta de un abordaje estructural del conflicto permite que la violencia continúe sumando víctimas”, advirtió.
Además, insistió en la necesidad urgente de instalar la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán, como mecanismo clave para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
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El Bajo Aguán sigue esperando respuestas del gobierno de Honduras
El asesinato de Ramón y Carlos no es un hecho aislado. Es parte de una historia dolorosa que se repite sin consecuencias.
El Bajo Aguán espera respuestas del Estado, que debe dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad.
Porque sin justicia, la paz sigue siendo una promesa vacía. Y mientras eso no cambie, el Aguán seguirá contando muertos.
