El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves el inicio de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos del programa Becas Honduras 20/20, ejecutado entre 2014 y 2022.

La Fiscalía informó que las diligencias buscan determinar si existieron actos de corrupción o anomalías en la gestión administrativa y financiera del proyecto, y advirtió que el proceso podría derivar en acciones judiciales si se comprueban inconsistencias.

El portavoz del MP, Yuri Mora, explicó que un juez natural autorizó la intervención de un perito para realizar diligencias preliminares.

"La denuncia básicamente tiene que ver con el uso de estos fondos, quiénes fueron las personas beneficiadas, el tipo de becas; eso es lo que se va a tratar de establecer, si hay algún delito penal en el uso de estos fondos públicos", declaró.

Aunque el programa fue liquidado en 2023 mediante decreto ejecutivo y sustituido por otros mecanismos de apoyo educativo, la investigación se mantiene activa sobre su periodo de funcionamiento. El MP aclaró que hasta el momento no hay personas formalmente acusadas ni plazos definidos para concluir el proceso.

Las diligencias incluyen entrevistas a personas vinculadas al programa, revisión detallada de cuentas, documentación de respaldo, análisis administrativo y la trazabilidad del dinero, con el fin de identificar posibles responsabilidades administrativas o penales.

El ente acusador señaló que, de existir personas de interés, estas serán llamadas a declarar.

¿Qué era el programa Becas Honduras 20/20?

El programa Becas Honduras 20/20 fue lanzado en 2017 como parte del Plan Honduras 20/20, impulsado por el entonces presidente Juan Orlando Hernández, con el objetivo de apoyar a jóvenes con alto rendimiento académico y limitaciones económicas, tanto para estudios nacionales como internacionales.

La iniciativa operó bajo un fideicomiso y dependía de la Presidencia de la República. Entre los responsables administrativos figuró el actual diputado Erasmo Portillo, como delegado presidencial.

El MP indicó que aún no se ha establecido responsabilidad individual, ya que el análisis se centra en el funcionamiento real del programa y en las decisiones clave tomadas durante su ejecución.

La Fiscalía reiteró que cualquier determinación se tomará conforme a los resultados de las diligencias y al marco legal vigente.