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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó la captura de un comerciante de 41 años, señalado como presunto responsable del delito de violación agravada continuada, en perjuicio de una menor de 12 años, en un hecho registrado en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.
La detención se llevó a cabo en la colonia Bonitillo por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N-01 (UDIC-01), tras un proceso de seguimiento, vigilancia y recolección de evidencia técnica y testimonial que permitió sustentar la acción policial.
¿Cuándo ocurrió la agresión?
De acuerdo con el informe investigativo, el sospechoso es originario del municipio de Tambla, en el departamento de Lempira, y residía en la zona litoral del país, donde operaba una pulpería.
Las autoridades detallaron que los hechos habrían ocurrido cuando la menor fue enviada por su madre a realizar una compra en el establecimiento del ahora detenido.
Según el expediente del caso, el hombre habría aprovechado la situación para someter a la víctima mediante el uso de la fuerza, trasladándola al interior del negocio, donde presuntamente se cometió la agresión sexual.
Amenazas para evitar la denuncia
Las diligencias policiales también establecen que la menor habría sido amenazada con el objetivo de impedir que denunciara lo sucedido, en un intento por mantener el silencio sobre el hecho.
Tras la primera agresión, la niña evitó regresar al establecimiento por un tiempo. Sin embargo, en una nueva ocasión en la que volvió a ser enviada a la pulpería, el sospechoso habría reiterado la agresión, según las investigaciones.
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Orden de captura y proceso judicial
Tras conocer la denuncia, agentes de la DPI realizaron la recolección de indicios que permitieron solicitar una orden de captura ante el órgano jurisdiccional competente.
El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, emitió la orden el pasado 29 de abril, la cual fue ejecutada posteriormente por los agentes policiales.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso penal conforme a lo establecido en la legislación vigente en Honduras.
La DPI reiteró que continúa ejecutando operativos en distintos puntos del país enfocados en la protección de los sectores más vulnerables, especialmente la niñez y adolescencia, con el objetivo de prevenir y sancionar delitos de esta naturaleza.
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