Las autoridades hondureñas capturaron a Óscar Francisco Ortiz Guerra, alias El Flaco, un taxista VIP, de 24 años de edad, acusado de participar en un secuestro agravado por el cual exigían cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) como rescate.

La detención fue realizada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNA) en la colonia Fesitranh de San Pedro Sula, donde residía el sospechoso. Según las investigaciones, Ortiz Guerra era buscado por su participación en un violento hecho ocurrido el 15 de marzo de 2023 en Gracias, Lempira.

De acuerdo con el expediente judicial, ese día Germán Matías Jacinto Espinoza fue secuestrado por al menos 12 hombres armados cuando se encontraba en un negocio de su propiedad. Los captores amenazaron con matarlo si se daba aviso a las autoridades y exigieron el millonario rescate a sus familiares.

Afortunadamente, la víctima fue rescatada sana y salva. En los días siguientes las autoridades capturaron a nueve miembros de la estructura criminal.

El caso continuó en investigación, y el 17 de noviembre de 2023 se emitió una orden de captura contra Ortiz Guerra por parte del Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada en San Pedro Sula.

Durante su arresto, a El Flaco se le decomisó un teléfono celular que será sometido a análisis como parte de la investigación.

Ortiz Guerra será presentado ante los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por secuestro agravado, un delito severamente castigado por la legislación hondureña. Las autoridades no descartan más capturas relacionadas con esta estructura delictiva.

Secuestros en Honduras, según el Código Penal

La modalidad delictiva del secuestro ha evolucionado y, en algunos casos, involucra a personas sin antecedentes penales o con trabajos formales, como ocurrió con este taxista VIP.

Según el artículo 239 del Código Penal de Honduras el delito de secuestro se configura cuando alguien "priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla".

Las penas privativas de libertad van de los 8 a los 12 años de reclusión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.

Si se tipifica como "secuestro agravado" (artículo 240) las penas van de 12 a 15 años de reclusión.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar pagos directos de rescate, denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso y permitir que los cuerpos de seguridad actúen bajo protocolos establecidos para estos casos.