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La madrugada cayó pesada sobre varios sectores de Francisco Morazán y Choluteca. Mientras decenas de familias dormían, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), fiscales del Ministerio Público y elementos de la Policía Militar irrumpíeron en viviendas de supuestos pandilleros marcadas desde hace meses por investigaciones de inteligencia.
El objetivo era claro: capturar a supuestos integrantes de la Pandilla 18 vinculados a una red de extorsión, sicariato, tráfico de drogas y otros delitos violentos que, según las autoridades, mantenían bajo amenaza a comerciantes y pobladores.
Con las capturas ejecutadas este día, las autoridades suman 14 de las 21 personas requeridas por el Ministerio Público.
Aunque durante los operativos fueron capturados 11 supuestos integrantes de la estructura criminal, las autoridades contabilizan 14 personas requeridas ya bajo custodia, debido a que tres de los señalados permanecen recluidos previamente en centros penales.
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Los pandilleros y el entramado criminal que operó tras amenazas y miedo
De acuerdo con las investigaciones del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC, la estructura comenzó a ser seguida desde mediados de 2023.
Los expedientes 609-2023 y 433-2024 permitieron identificar a varios pandilleros que por las múltiples denuncias los relacionaron con cobros de extorsión a locatarios de una plaza comercial.
Los agentes llegaron a varios sectores del Distrito Central y Choluteca, específicamente en Barrio San Luis, colonia Pedregal, San José Los Zorzales, Barrio El Sitio, colonia Óscar A. Flores.
También a la residencial Atlántica, colonia La Cañada, colonia Peña por Bajo, colonia Calpules, colonia Monterrey, residencial Centroamérica y Rivera de la Vega.
Las pesquisas revelaron que detrás de esos cobros ilegales existía una organización dividida por células.
Algunos integrantes ejecutaron las amenazas, otros distribuyeron las drogas y otros cometieron asesinatos por encargo.
Según el expediente investigativo, el supuesto principal cabecilla era quien giraba instrucciones a líderes de distintos sectores para mantener sometidos a comerciantes mediante intimidaciones y amenazas de muerte.
Las autoridades sostienen que el grupo obtenía fuertes ganancias económicas obligando a las víctimas a pagar “cuotas” bajo el temor constante de represalias violentas.
Los allanamientos
Los operativos incluyeron 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en diferentes puntos de Francisco Morazán y Choluteca.
Los imputados enfrentan requerimientos fiscales por delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorism.
Este es uno de los golpes más amplios ejecutados en las últimas semanas contra estructuras ligadas a la Pandilla 18.
Durante las intervenciones, equipos de investigación buscaron evidencias relacionadas con las actividades ilícitas que, según las autoridades, permitían sostener financieramente a la organización criminal.
La estructura que aún no termina de caer
Aunque a 14 sospechosos los capturaron, siete continúan prófugos, lo que mantiene activas las operaciones de búsqueda y seguimiento.
Las autoridades consideran que los pandilleros todavía conservan capacidad operativa en algunos sectores.
Especialmente por las redes de colaboradores y mecanismos de intimidación construidos durante años.
El Ministerio Público aseguró que el objetivo de estas acciones es debilitar las filas de grupos criminales que mantienen bajo presión a comerciantes y comunidades enteras en Honduras.
Detrás de cada allanamiento no solo había puertas derribadas y patrullas avanzando en silencio.
También había una realidad que golpea a cientos de hondureños: la extorsión que vacía negocios, el miedo que obliga a cerrar locales y las amenazas que convierten barrios enteros en territorios donde el silencio todavía vale más que denunciar.
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