En un contundente pronunciamiento, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, ha lanzado una crítica feroz contra el uso discrecional de los recursos públicos por parte del Congreso Nacional (CN), específicamente a través de subvenciones y el fondo social.
Según Solórzano, estos mecanismos representan una clara manifestación de corrupción y clientelismo político, perjudicando la transparencia en la gestión de los fondos públicos y favoreciendo intereses particulares en lugar de los del país.
Mediante sus redes sociales, Solórzano dijo que "han convertido el dinero del pueblo hondureño en una piñata y en una fiesta indebida de recursos públicos".
Además, que estas prácticas de "mecanismos de corrupción" se han utilizado históricamente para influir en las decisiones políticas y ganar el favor de ciertos sectores, en detrimento de la equidad y el desarrollo sostenible del país.
En ese sentido, criticó la falta de rendición de cuentas y control en el uso de estos fondos, que, según él, se han destinado a fines que no benefician a la población en general, sino que se utilizan para asegurar votos y fortalecer el poder de ciertos actores políticos.
La propuesta
Como respuesta a esta problemática, el presidente del CAH reveló que ya ha elaborado un borrador de decreto que propone eliminar el artículo 349, que regula el uso de estos fondos.
Este artículo ha sido un punto de controversia en el CN, ya que permite a los diputados gestionar recursos de manera discrecional y sin una supervisión adecuada, lo que facilita el clientelismo político.
Solórzano se mostró dispuesto a compartir el borrador del decreto con cualquier diputado que realmente quiera avanzar hacia una gestión pública más transparente y responsable.
En este sentido, hizo un llamado a los legisladores para que actúen con compromiso ciudadano y trabajen por el bienestar del país, eliminando las prácticas corruptas que han caracterizado la administración pública en Honduras durante años.
La propuesta de Ley contra el Clientelismo Político contiene cinco artículos, uno de estos propone la derogación del artículo 349 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General, que permite la asignación o administración de un fondo social desde el CN.
Entre tanto, otro de los artículos contempla la prohibición de subvenciones a diputados, y los otros artículos establecen que se realice una supervisión y control del control por parte de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público.
Diversas opiniones
La propuesta ha generado diversas reacciones. Algunos expertos respaldan la idea de acabar con los mecanismos de clientelismo que, según argumentan, son una de las principales causas de la falta de desarrollo en varias regiones del país.
"Es una muy buena salida, sin embargo, pasa por una reforma, aunque con eso no hay necesidad de hacer una reforma constitucional porque en realidad es una mal interpretación que se hizo del artículo 205 de la Constitución de la República", declaró la profesional del derecho, Karla Romero.
Por su parte, la abogada constitucionalista Ana Pineda, es del criterio que muchos congresistas se agarran de ese artículo para regalar dinero y proyectos con fondos de los contribuyentes.
"Ese artículo puede quedar y el CN dedicarse a hacer una ley en los términos que el constituyente les mandó a que dictaran esa ley; e inmediatamente que finaliza ese numeral, deben hacer una adhesión en la que diga que el Congreso Nacional a través de sus diputados no podrán manejar subvenciones ni subsidios", acotó Pineda.
Ahora, será el Congreso Nacional quien deberá decidir si acepta o no esta propuesta que podría transformar la gestión de los recursos públicos y reducir la percepción de corrupción que actualmente afecta a la política hondureña.
