Lo que para las autoridades hondureñas representa la desarticulación de una banda criminal conocida como “La Kleibona”, para los campesinos y empresas asociativas de los bajos de Choloma, La Lima y El Progreso es una muestra más de la criminalización de su lucha por el derecho a la tierra.
Así lo denuncia el abogado Farabundo Murillo, apoderado legal de las Empresas Asociativas Campesinas 11 de Junio, 20 de Marzo y 30 de Enero.
Según Murillo, la persecución contra integrantes de estas asociaciones responde a un viejo conflicto agrario por cerca de 1,000 manzanas de tierra, en disputa desde hace años con una familia de terratenientes que señala como "Los López".
Esa familia es la que los campesinos aseguran influye en los cuerpos policiales como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de El Progreso y la Policía Militar en San Pedro Sula.
“Les sembraron armas, explosivos y drogas. Montaron una narrativa para justificar la existencia de una banda ficticia llamada La Kleibona, un término despectivo basado en el nombre de uno de los productores de palma”, asegura el defensor.
Esa misma familia, asegura Murillo, es parte de los grupos que operan históricamente en el Bajo Aguán y mantienen litigios con comunidades campesinas en esa región.
“Los mismos actores que están en el Bajo Aguán y que generan conflicto entre empresarios y terratenientes aparecieron en la zona y con las mismas pretensiones, desalojar a los campesinos para apropiarse de las tierras”, afirmó.
Detenciones, allanamientos y señalamientos
A raíz de este conflicto, a varios campesinos los detuvieron y acusaron por delitos como asociación para delinquir y privación ilegal de la libertad.
En septiembre de 2024, 14 personas enfrentaron audiencia inicial en el Juzgado de Jurisdicción Nacional, donde el Ministerio Público ratificó los cargos de asociación para delinquir y privación ilegal de la libertad en perjuicio de testigo protegido.
Sin embargo, las defensas lograron demostrar que las pruebas eran inconsistentes. “Los testimonios eran espurios. Un video obtenido en inspección judicial evidenció que los hechos no ocurrieron como los narraron los policías. Mintieron ante la autoridad judicial”, explicó Murillo.
Como resultado, los 14 acusados fueron sobreseídos definitivamente por uno de los delitos y 12 obtuvieron sobreseimiento provisional en otro.
“La zona de los bajos del Valle de Sula se convirtió en una zona de combate de la Policía contra la población. Tenemos un proceso en curso para que se investigue ese abuso”, señala Murillo Godoy.
“Criminalización sistemática” de campesinos en Honduras
Desde entonces, el acoso no cesa, sostiene Murillo. Se registran múltiples allanamientos en las viviendas de campesinos, todos bajo el amparo del estado de excepción vigente.
“Solo en los últimos dos meses, al menos a diez personas las detuvieron con el mismo tipo de montaje: mismas armas, calibres, mismo guion”, dice Murillo.
Una de las denuncias más recientes la interpuso Olimpia Orellana Guzmán, madre de dos de los acusados.
La mujer acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos para denunciar a agentes de la DPI por robo con violencia, amenazas y allanamiento de morada.
La denuncia, según Murillo, coincidió con investigaciones internas que involucran a agentes policiales en delitos como abuso de autoridad y falsificación de documentos.
Denuncias y protestas ante el Ministerio Público
Las empresas campesinas protestaron frente al Ministerio Público para denunciar el uso del sistema judicial para despojar a miles de familias de sus tierras.
Según estimaciones, más de 7,000 personas pertenecen a estas organizaciones. El caso llegó a instancias internacionales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado hondureño a cesar la criminalización de la lucha agraria.
También llamó a que se suspenda el estado de excepción que está vigente en Honduras desde diciembre de 2022.
De interés: ONU pide al gobierno de Honduras no usar la ley para criminalizar a campesinos
La otra cara de la historia en los bajos de Choloma
Aunque los operativos contra la supuesta banda “La Kleibona” se presentaron como golpes contra el crimen organizado, esta historia ofrece otra mirada: la de comunidades campesinas que claman por su derecho a la tierra y aseguran las persiguen "con pruebas fabricadas", según expone el apoderado legal.
Esta es la otra cara de la historia, la que muestra que las balas no se disparan solo desde las armas, sino también desde los expedientes.
