La decisión del gobierno de Honduras de cancelar el Tratado de Extradición con Estados Unidos ha desatado un intenso debate sobre las implicaciones jurídicas y políticas de esta medida.

En entrevista con el abogado penalista Marlon Duarte, se discutieron los efectos de esta decisión y cómo podría impactar tanto en el sistema de justicia hondureño como en la relación bilateral con Estados Unidos.

Este convenio ha permitido la entrega de hondureños acusados de delitos graves a las autoridades estadounidenses, donde enfrentan procesos judiciales bajo el sistema de justicia de ese país.

Beneficio para los extraditados

Para Duarte, la cancelación del Tratado de Extradición no afectaría a Honduras, pero considera que el gobierno debería reactivarlo.

A diferencia de otros sectores, él rechaza la idea de que esta medida podría provocar un aumento del narcotráfico en el país. Según afirma, "el narcotraficante no está interesado en que la droga se quede en Honduras, sino en llevarla a Estados Unidos".

En este contexto, Duarte sostiene que, de alguna manera el Tratado beneficia a las personas solicitadas en extradición.

El penalista resalta que, paradójicamente, muchos extraditados han recibido penas relativamente bajas en comparación con lo que enfrentarían en Honduras, especialmente si colaboran con las autoridades, ya que el sistema de justicia estadounidense permite acuerdos negociados.

"En Honduras, una condena por narcotráfico puede significar una pena de entre 15 y 20 años de prisión, mientras que en Estados Unidos hemos visto casos de criminales que han recibido penas de apenas cinco o seis años", indicó el entrevistado por tunota.com.

Como representante de algunos hondureños solicitados por tráfico de drogas, Duarte señala que a estos les conviene más estar en una prisión estadounidense que en las precarias y peligrosas condiciones de los presidios hondureños.

"Como abogado, siempre he recomendado a mis clientes que ni siquiera presenten recursos de apelación y que se allanen a las pretensiones del país solicitante", expresó. Esto, porque, al confesar delitos graves, podrían beneficiarse con penas reducidas. "Les va mejor allá", agregó.

"Y a las personas que tienen pendiente órdenes de extradición con Estados Unidos, yo les sugeriría que se presenten y busquen un acercamiento con los agentes de la DEA para que puedan continuar con sus casos", recomendó.

¿Consecuencias de la cancelación del tratado?

Duarte señala que, si el gobierno de Honduras no revierte su decisión de cancelar el Tratado, no se espera una reacción drástica por parte de Estados Unidos.

"La política del presidente Donald Trump consiste en que no le sigan enviando tantos delincuentes a su territorio, por lo que la cancelación del Tratado podría incluso alinearse con su postura", afirmó.

La justicia en Honduras

Diversos sectores advierten que la cancelación del Tratado de Extradición incrementará el narcotráfico, el crimen organizado y fomentará la impunidad, pues consideran que Honduras no tiene la capacidad para juzgar a los criminales en su propio territorio.

Sin embargo, el abogado Marlon Duarte sostiene que en el país sí hay capacidad para capturar y enjuiciar a narcotraficantes.

Agregó que "Honduras ha sido uno de los países de Centroamérica que más ha incautado drogas en los últimos años. En la administración de Johel Zelaya (fiscal general del Ministerio Público) se han logrado más condenas por narcotráfico que en gobiernos anteriores".

También afirmó que las investigaciones son tan asertivas que los traficantes detenidos aceptan su culpabilidad y sus abogados los someten a procedimientos abreviados que permiten juicios rápidos.

Marlon Duarte diferencia entre la capacidad de aplicar la justicia y la voluntad de hacerlo.

"Antes no existía voluntad política para combatir el narcotráfico debido a los vínculos de algunos sectores con estas redes criminales. Hoy, la presión de los medios de comunicación y el avance de las tecnologías de vigilancia han reducido estas conexiones, lo que ha permitido que se den más condenas", expresó.

Duarte insistió que el sistema judicial hondureño sigue siendo severo con los delitos de narcotráfico en comparación con el de Estados Unidos.

"En Honduras, alguien detenido con medio kilo de cocaína puede recibir 10 años de prisión y una multa de 300,000 lempiras, mientras que en Estados Unidos hay casos de narcotraficantes que han recibido penas cortas y han sido liberados rápidamente", sostuvo.

Hondureños beneficiados

Entre los hondureños extraditados, beneficiados con penas menores y que han sido liberados tras colaborar con la justicia estadounidense, se encuentra Arnaldo 'El Negro' Lobo.

Lobo fue extraditado en 2014, se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque su condena fue reducida a 10 años y medio tras acuerdos con la fiscalía estadounidense. Lobo fue liberado en agosto de 2024 bajo libertad condicional.

Alexander Ardón, el exalcalde de El Paraíso, Copán, fue condenado en enero pasado a "tiempo cumplido" y 10 años de libertad vigilada, por su participación en actividades de narcotráfico.

Ardón fue "testigo estrella" en los juicios contra el exdiputado Antonio 'Tony' Hernández y del expresidente Juan Orlando Hernández. El primero condenado a cadena perpetua, y el segundo a 45 años de prisión.

Además, el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, fue beneficiado con una reducción de pena, pasando de 18 años y 10 meses por narcotráfico a 10 años. Saldrá libre en 2035.

La dimensión política de la cancelación

El gobierno de Honduras denunció el Tratado de Extradición justificando "injerencias políticas" de Estados Unidos en los asuntos internos del país.

Aunque su enfoque es jurídico-legal, Marlon Duarte considera que la cancelación del convenio podría estar relacionada con una estrategia de independencia de Honduras frente a la influencia estadounidense, especialmente con las elecciones primarias a la vista.

Según su opinión, existen sectores republicanos en Washington que se oponen al sistema de países como Honduras y que podrían establecer algún tipo de presión política, y la extradición podría ser un instrumento de esa injerencia.

Señaló también que en Honduras las posturas políticas pueden cambiar según la conveniencia del momento.

La solicitud de un político con influencia puede afectar directamente el curso de una elección, agregó el experto en derecho penal.

"Yo pensaría que el gobierno teme que la vigencia del Tratado de Extradición tenga que ver con los intereses geopolíticos que Estados Unidos pueda tener para determinar qué facción del gobierno les va a favorecer", concluyó.