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El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, reiteró que la potestad para denunciar tratados internacionales recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, aclarando que la Constitución y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados respaldan esta competencia. Sus declaraciones surgen en medio del debate sobre la finalización del Tratado de Extradición con Estados Unidos.
El papel del Ejecutivo en la denuncia de tratados
En entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSi, Reina explicó que la Constitución establece que la suscripción de convenios depende de su rango y competencia, por lo que algunos requieren la aprobación del Congreso Nacional. No obstante, enfatizó que la denuncia de tratados no requiere ese mismo procedimiento legislativo.
“La Constitución es muy clara. Las potestades para suscribir un convenio obedecen en su mayoría al Poder Ejecutivo y dependen de su competencia en otras secretarías de Estado. Cuando el convenio tiene estipulaciones ligadas al territorio o a temas financieros, debe pasar al Congreso para su aprobación. Pero la Constitución no dice absolutamente nada sobre la denuncia. La denuncia es una atribución que le toca al Poder Ejecutivo”, afirmó el canciller.
Asimismo, mencionó que la práctica común en Honduras ha sido que los tratados denunciados no retornan al Congreso para su ratificación. Según Reina, la interpretación que algunos sectores hacen sobre la necesidad de aprobación legislativa para la denuncia de tratados “es una ley que no existe”.
Postura del Gobierno sobre el Tratado de Extradición
El Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos vencerá el próximo 28 de febrero de 2025, al cumplirse seis meses desde su denuncia oficial por parte de la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Dicha decisión ha generado críticas de sectores de oposición y sociedad civil, quienes advierten que la falta de extradiciones podría convertir a Honduras en un refugio para narcotraficantes. Desde su firma, el tratado permitió la extradición de al menos 60 hondureños requeridos por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.
Castro justificó la cancelación del acuerdo en agosto de 2024, argumentando que existía una injerencia de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, en asuntos internos del país.
Dogu había cuestionado públicamente la reunión de altos funcionarios hondureños con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien está sancionado por narcotráfico por el gobierno estadounidense.
Sin cambios en la postura gubernamental
Consultado sobre si existe la posibilidad de reconsiderar la decisión, Reina indicó que hasta el momento no se ha tomado ninguna determinación para revertir la denuncia del tratado.
No obstante, afirmó que el Gobierno hondureño mantiene un diálogo constante con Estados Unidos sobre otros temas prioritarios, especialmente en materia migratoria y portuaria.
“Estamos trabajando de cerca con la administración Trump en el tema migratorio. No hemos abordado este tema en particular, pero si se llegara a discutir, estaríamos abiertos al diálogo. Por ahora, hemos enfocado nuestros esfuerzos en asuntos que son prioritarios tanto para Honduras como para Estados Unidos”, concluyó el canciller.