La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitió un comunicado oficial este lunes para fijar postura ante las indagatorias judiciales que enfrenta una exdiplomática en territorio norteamericano.
El pronunciamiento surge tras la divulgación de reportes por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la captura de la exfuncionaria por presuntos delitos financieros.
Desde Tegucigalpa, la institución gubernamental reiteró su disposición de colaborar con los organismos competentes bajo los principios de legalidad y cooperación internacional.

Detalles del nombramiento y cese en el consulado
De acuerdo con los registros oficiales de la Cancillería, la ex cónsul general Ada Evila Serrano Núñez asumió el cargo en julio de 2022 tras ser nombrada mediante el acuerdo respectivo de la administración anterior.
Las investigaciones preliminares de las autoridades estadounidenses señalan que los hechos imputados habrían ocurrido precisamente durante el período en que la exfuncionaria desempeñaba sus funciones diplomáticas en Atlanta.
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No obstante, el actual gobierno dispuso la cancelación formal de su nombramiento y de cualquier otro acuerdo a su favor el pasado 24 de marzo de 2026, en el marco de las transiciones administrativas de la institución.
Investigación por corrupción y sobornos
El expediente judicial del Departamento de Justicia estadounidense señala a la exdiplomática por su supuesta implicación en un esquema de sobornos y lavado de dinero vinculado a gestiones consulares.
Ante estos señalamientos, el organismo rector de la política exterior hondureña enfatizó que los trámites oficiales y las citas en las oficinas consulares jamás deben estar sujetos a pagos indebidos ni intermediaciones.
Asimismo, la Cancillería recordó que todo el personal acreditado en el extranjero tiene la estricta obligación de conducirse con absoluta probidad y bajo el respeto estricto de la Convención de Viena de 1963.
Compromiso institucional y verificaciones internas
Como parte de las medidas adoptadas tras el escándalo, el gobierno hondureño anunció que ejecutará auditorías y verificaciones administrativas internas para esclarecer los antecedentes del caso.
La Secretaría reafirmó su postura de cero tolerancia ante la corrupción y ratificó que velará permanentemente por la integridad y la correcta atención de los connacionales en el exterior.
Finalmente, el Estado de Honduras mantendrá un seguimiento estrecho del proceso judicial, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanzan las indagatorias en tribunales norteamericanos.
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