En vísperas del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, Amnistía Internacional lanza un llamado urgente a los tres candidatos presidenciales.
"Sus agendas políticas deben incluir compromisos sólidos con la defensa de los derechos fundamentales, un tema que quedó relegado en los últimos años", dice el comunicado.
La organización advierte que la falta de progreso en áreas clave como la impunidad, la protección de los defensores de derechos humanos.
Así como los derechos sexuales y reproductivos amenaza el futuro de la democracia en Honduras.
Un ciclo crucial para los derechos humanos en Honduras
En noviembre, los Estados miembros de la ONU analizarán el desempeño de Honduras en la implementación de sus compromisos internacionales de derechos humanos.
Este Examen Periódico Universal se presenta como una prueba de fuego para el país, que arrastra una deuda histórica con la población en términos de justicia y derechos fundamentales.
La reciente confirmación de los candidatos presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral plantea una interrogante crucial:
¿Qué propuestas concretas tienen para resolver los problemas estructurales que socavan la justicia social y los derechos humanos en Honduras?
Según Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, "el progreso en materia de derechos humanos en Honduras durante los últimos cuatro años ha sido muy limitado".
Piquer destaca que muchos compromisos no se cumplieron, dejando a sectores vulnerables de la población sin la protección necesaria, mientras persiste la impunidad en el país.
El estado de excepción
Uno de los temas más urgentes que Amnistía Internacional plantea es la prolongación del estado de excepción.
Una medida decretada en 2022 para combatir la inseguridad y el crimen organizado y que expone a los hondureños.
Aunque esta medida permite a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos y detenciones sin autorización judicial, su aplicación es altamente cuestionada debido a los múltiples abusos documentados por organizaciones locales.
Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas son solo algunos de los abusos que se registran.
Hasta octubre de 2024, más de 700 denuncias se presentaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que exige el fin de esta medida.
Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a comprometerse a poner fin a esta práctica.
Piden que se reemplace por una política de seguridad integral que respete los derechos fundamentales de la población.
La protección de defensores y periodistas
Honduras, tristemente, lidera las estadísticas de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, siendo este un país donde la impunidad sigue reinando.
El informe de Global Witness subraya que la gran mayoría de los ataques contra estos activistas, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas, quedan impunes.
La criminalización de los defensores de derechos humanos, a través de reformas legales como el decreto 93-2021, amplía la criminalización de la "usurpación", lo que preocupa a la organización.
Amnistía Internacional exige a los candidatos que se comprometan a proteger de manera efectiva a estos defensores, asignando recursos suficientes para garantizar su seguridad y protección.
Así como asegurar investigaciones imparciales e independientes sobre los ataques en su contra.
Además, la organización llama para que Honduras se adhiera al Acuerdo Regional de Escazú.
Un acuerdo que busca garantizar la protección de los defensores del medio ambiente en América Latina y el Caribe.
Un futuro incierto
Los derechos sexuales y reproductivos también se ven erosionados en el país, lo que dice Amnistía genera un clima de inseguridad para mujeres y niñas.
Amnistía Internacional no solo plantea un enfoque más inclusivo en las políticas de salud y educación, sino también implementar medidas para frenar la violencia basada en género.
Este llamado de Amnistía Internacional llega en un momento clave para Honduras, en un contexto electoral.
Es un momento donde las promesas de cambio y la esperanza de una nueva administración pueden marcar la diferencia.
Los tres candidatos presidenciales tienen ante sí la oportunidad de demostrar si están dispuestos a priorizar la protección de los derechos humanos.
La historia reciente de Honduras exige un cambio profundo y urgente, y el cuarto ciclo del EPU podría ser el catalizador para iniciar este proceso.
Si no se aprovecha esta oportunidad, el futuro de las generaciones venideras podría estar marcado por la misma falta de justicia e impunidad que caracteriza la historia reciente del país.
