La corrupción en las municipalidades vuelve a ser noticia. Esta vez, el señalado es Antonio Alexander Peralta Ochoa, secretario municipal de la alcaldía de Namasigüe, Choluteca, zona sur de Honduras, quien fue arrestado en flagrancia por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras ser acusado de solicitar sobornos a cambio de agilizar trámites internos.
¿De qué delitos se le acusa?
Según el Ministerio Público, Peralta Ochoa será acusado por el delito de cohecho propio en perjuicio de un testigo protegido y de la Administración Pública, tras recibir múltiples denuncias en su contra.
Las investigaciones indican que exigía dinero a ciudadanos para facilitar la solicitud de dominio pleno en la sede edilicia.
El operativo se ejecutó mediante técnicas especializadas de vigilancia y seguimiento por parte de fiscales anticorrupción y agentes de la ATIC.
Inspecciones en la alcaldía de Namasigüe
Las autoridades también realizaron inspecciones en la alcaldía de Namasigüe con el fin de recabar más pruebas que respalden el caso.
Una vez concluidas las diligencias, el funcionario será trasladado a Tegucigalpa, donde el Ministerio Público presentará el requerimiento fiscal ante el juzgado con competencia en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
“Vamos a judicializar todas estas denuncias. La lucha contra la corrupción es prioridad y queremos sentar precedentes para frenar este flagelo que daña la confianza ciudadana”, señalaron autoridades del MP en un comunicado.
El caso ha generado indignación entre los pobladores de Namasigüe, quienes esperan que la justicia actúe sin privilegios y se sancione de forma ejemplar a quienes abusan de su cargo para beneficio personal.
Procesan a conserje judicial de San Pedro Sula por exigir L400 mil a testigo protegido
En otro caso, un juez del Juzgado de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento contra James Posas Ramírez, quien se desempeñaba como conserje en el Juzgado con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el ahora imputado exigió la suma de 400 mil lempiras a un testigo protegido, a cambio de supuestos favores dentro del juzgado.
Por este acto, se le acusa formalmente del delito de concusión, una conducta penada por el Código Penal por el abuso de funciones para obtener beneficios económicos indebidos.
Le puede interesar: Estos años pasarán en prisión hondureños que mataron a su hijo en La Ceiba
