El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, se mostró en contra de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Gracias a Dios, al este de Honduras, a pesar de que el gobierno ha propuesto este proyecto.
"Respeto y defiendo, en la mayoría de los casos, las decisiones del gobierno, pero creo que no es conveniente la construcción de una cárcel en la zona de La Mosquitia", expresó Herrera en un mensaje publicado en la red social X.
El legislador oficialista señaló que La Mosquitia ha estado abandonada por los gobiernos de turno, "y aún hoy no se le ha hecho la justicia que merece".
La diputada del Partido Liberal por Gracias a Dios, Erika Urtecho, también se ha manifestado en contra de esta iniciativa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
En diversas ocasiones, Urtecho ha reiterado que su departamento necesita proyectos sociales, no un centro penitenciario como lo proponen las autoridades.
Asimismo, la población de este departamento ha expresado su rechazo a la propuesta, con protestas que ya duran varios días en la comunidad de El Mocorón, donde se planea construir la cárcel.
Las autoridades de la Secretaría de Defensa aseguran que el terreno donde se pretende edificar el denominado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) pertenece a las Fuerzas Armadas.
En este contexto, afirman que respetarán las tierras que pertenecen a los pobladores misquitos y otros pueblos indígenas de Gracias a Dios.
Consultar a comunidades
Por su parte, el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y presidente de la comisión interventora del sistema penitenciario, Ramiro Muñoz, se mostró a favor de consultar a la población de Gracias a Dios sobre este proyecto carcelario, asegurando que no debe imponerse.
Muñoz señaló que debe cumplirse con el mandato de la consulta previa e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Honduras es signatario.
"Hay que socializarlo, de repente se ha hecho de otra manera, pero hay que socializarlo. Eso manda ese tratado internacional: hablar con las comunidades. Si se hace de acuerdo con ese procedimiento, no debería haber ningún problema", expresó.
El Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) está diseñado, en su primera etapa, para albergar a 2,000 privados de libertad, clasificados según su perfil criminal como cabecillas de grupos criminales.
Según la Secretaría de Seguridad, el proyecto de la cárcel "impulsará el desarrollo" en la comunidad de Mocorón, mientras que la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula, representada por Carlos Paz, alertó que vulnera los derechos ambientales y los derechos humanos de los privados de libertad y sus familias.
