Una celda durante 23 horas, cámaras encendidas permanentemente y apenas una hora al aire libre, es el plan para el nuevo régimen de máxima seguridad en Honduras.
El sistema penitenciario prepara 1,774 espacios para personas acusadas de asociación terrorista, bajo un modelo que restringe movimientos, comunicaciones y actividades cotidianas.
Las instalaciones se distribuyen entre El Pozo, en Santa Bárbara; La Tolva, en El Paraíso, y la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Esta estrategia busca impedir que integrantes de estructuras delictivas mantengan operaciones desde las prisiones, una de las preocupaciones centrales de las autoridades hondureñas.
El endurecimiento del encierro también plantea interrogantes sobre las condiciones de reclusión, las garantías judiciales y la supervisión de estos espacios.
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Máxima seguridad y una infraestructura diseñada para mantener el control
El Centro Penitenciario de Ilama, conocido como El Pozo, concentra la mayor capacidad del proyecto, con un módulo destinado a 1,472 personas.
La Tolva, ubicada en Morocelí, dispondrá de 214 espacios bajo el mismo esquema de vigilancia y restricciones.
A estas instalaciones se sumará un módulo para 88 mujeres en PNFAS, cuya construcción registra un avance del 53 %, según las autoridades.
En conjunto, los tres establecimientos alcanzarán una capacidad aproximada de 1,774 plazas, aunque una parte de la infraestructura todavía permanece en construcción.
Los módulos incorporan paredes de concreto reforzado, sistemas de videovigilancia y controles permanentes sobre los desplazamientos de la población penitenciaria.
Así los reclusos no tendrán acceso directo al sistema eléctrico. Mientras tanto, las autoridades mantendrán iluminados los pasillos durante las 24 horas.
Serán 23 horas dentro de una celda
La rutina constituye uno de los aspectos más restrictivos del nuevo modelo penitenciario.
Los internos permanecen 23 horas diarias dentro de sus celdas y disponen de una hora para recibir luz solar y realizar actividades supervisadas.
Durante ese período, las autoridades permiten ejercicios físicos, incluidos movimientos de calistenia, bajo vigilancia del personal penitenciario y efectivos de la Policía Militar.
El reporte institucional establece sesiones de ejercicio de 30 minutos, aunque no precisa cómo distribuyen los otros 30 minutos de salida autorizada.
Los desplazamientos hacia las duchas también ocurren bajo supervisión, mientras las cámaras registran los movimientos dentro de las instalaciones.
La vigilancia no termina cuando los internos regresan a sus celdas. Los sistemas tecnológicos y el personal de custodia mantienen el monitoreo permanente.
Los primeros 69 internos bajo el nuevo régimen
Las autoridades reportan que 69 personas acusadas de pertenecer a asociaciones terroristas ya permanecen bajo estas condiciones de máxima seguridad.
Desde su ingreso, el personal penitenciario les corta el cabello y la barba, además de entregarles vestimenta uniforme.
Cada interno utiliza camiseta blanca, calzoneta negra y sandalias, conforme a los protocolos establecidos para estos módulos.
Las actividades físicas se desarrollan en áreas delimitadas por estructuras de seguridad, donde los custodios mantienen observación directa.
Con la presencia de estos 69 internos marca la aplicación inicial del régimen, mientras continúa la ampliación de la infraestructura destinada a esta población.
Abogados sin contacto físico y encuentros vigilados
Se modifica las condiciones de comunicación entre los internos y sus defensores legales.
Las autoridades establecen encuentros semanales con abogados en áreas de locutorios, donde ambas partes permanecerán separadas físicamente.
El personal penitenciario y los sistemas tecnológicos supervisarán estos espacios, según las disposiciones anunciadas.
El objetivo: impedir operaciones delictivas desde las cárceles
La construcción de los módulos responde a la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.
Las autoridades buscan reforzar la custodia de personas vinculadas a estructuras delictivas y limitar su capacidad de mantener actividades ilegales desde prisión.
El nuevo esquema concentra la vigilancia en los desplazamientos, las comunicaciones y las actividades que desarrollan los internos.
Además establecen espacios especializados para separar a esta población del resto de los privados de libertad.
La efectividad del modelo dependerá también de los controles internos, la supervisión del personal y la capacidad institucional para detectar irregularidades.
Buscan mantener la seguridad sin vulnerar derechos
Las autoridades aseguran que aplicarán las nuevas medidas conforme a las disposiciones legales y al respeto de los derechos humanos.
Aseguraron que la vigilancia permanente, las restricciones de movilidad y las condiciones de aislamiento exigen mecanismos de supervisión que permitan verificar ese compromiso.
Será necesario conocer los criterios utilizados para trasladar a una persona a estos módulos y los procedimientos para revisar su permanencia.
Con 1,774 espacios proyectados y 69 internos reportados, Honduras avanza hacia un modelo penitenciario de controles más estrictos.
El verdadero examen llegará cuando las autoridades demuestren que las nuevas barreras de concreto también impiden que los criminales operen desde prisión.
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