La renuncia de José Carlos Cardona como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no debe interpretarse como un punto final en el escándalo que sacude al gobierno. Para analistas jurídicos, más que un cierre, esta salida debe abrir la puerta a una investigación formal de corrupción por parte del Ministerio Público.
"¿De qué sirve que renuncie si nadie le va a hacer nada y quedará impune ese despilfarro de dinero?", cuestionó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
Su declaración pone el dedo sobre una de las mayores preocupaciones ciudadanas: que la corrupción vuelva a quedar sin consecuencias.
Corrupción debe investigarse
El caso de Cardona y la diputada de Libertad y Refundación (Libre) Isis Cuéllar, que reveló la filtración de un video donde ambos discuten la entrega de cheques de Sedesol con fines políticos, genera una oleada de indignación.
Según Barrientos, los elementos disponibles, entre ellos el video, el informe preliminar de la Secretaría de Transparencia y lo que revele el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), son más que suficientes para que el Ministerio Público actúe.
"Esta gente quedó evidenciada que son iguales o peores que los que estaban antes… ya perdieron credibilidad", afirmó el jurista, en alusión al partido de gobierno.
También criticó que la Secretaría de Transparencia solo reaccionara “cuando el incendio consumió toda la casa”.
MP, TSC y Transparencia bajo la lupa
El abogado Kenneth Madrid, especialista en derecho penal y transparencia, coincidió en que la corrupción no se combate solo con renuncias.
Aunque reconoció que apartarse del cargo fue lo correcto, instó a las instituciones del Estado a dar seguimiento a las investigaciones y garantizar una justicia imparcial.
“El exsecretario hizo lo correcto al poner su cargo a disposición. Eso habla bien de la presidenta Castro, pero también obliga al Estado a actuar”, opinó.
Madrid fue más allá y recomendó a la diputada Cuéllar solicitar un permiso en el Congreso para separarse temporalmente del cargo, a fin de no obstaculizar el proceso.
“Cuando los funcionarios siguen en sus cargos siendo investigados, eso socava la confianza pública y distorsiona la justicia”, advirtió.
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Impunidad o justicia: el mensaje en juego
El escándalo de los cheques de Sedesol toca una fibra sensible en la opinión pública: el temor de que, una vez más, la corrupción se archive sin consecuencias.
En esta ocasión, se trata de fondos destinados a las poblaciones más vulnerables, presuntamente usados con fines electorales.
Para los expertos, si el Ministerio Público no actúa con decisión, se enviará un mensaje devastador: que en Honduras se puede usar el Estado como botín político y salir ileso, si se renuncia a tiempo.
El caso está en manos de las instituciones. De ellas depende demostrar si la justicia en Honduras es una promesa vacía o una herramienta real para enfrentar la corrupción.
