El 18 de octubre de 1997, Carlos Escaleras Mejía, un reconocido defensor ambiental del Valle del Aguán, fue atacado en su negocio familiar en Tocoa, Colón y horas después falleció.
Dedicó parte de su vida a defender el agua y los recursos naturales de las comunidades. También se opuso a proyectos extractivos y aspiraba a convertirse en alcalde de Tocoa.
Veintinueve años después, su caso sigue abierto y las organizaciones de derechos humanos reclaman que se esclarezcan todas las responsabilidades y se cumplan las reparaciones internacionales pendientes.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras organizaciones advirtieron este 19 de octubre de 2026 que el Estado hondureño acumula compromisos en materia de justicia ambiental.
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La sentencia internacional por Carlos Escaleras
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en septiembre de 2018 declaró la responsabilidad internacional de Honduras por vulneraciones a los derechos de Carlos Escaleras.
El tribunal reconoció violaciones al derecho a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos, además de afectaciones a las garantías judiciales y a los derechos de sus familiares.
Sin embargo, ocho años después de aquella sentencia, CEJIL sostiene que todavía existen reparaciones pendientes.
Entre sus principales exigencias figura investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables intelectuales del crimen.
La organización también reclama medidas que impidan que quienes defienden los recursos naturales enfrenten situaciones similares.
Colón concentra una nueva preocupación ambiental
El caso de Carlos Escaleras no es el único que mantiene bajo observación la situación de los defensores ambientales en Honduras.
De acuerdo con cifras de Global Witness citadas por CEJIL, durante 2025 se registraron 12 muertes violentas de personas defensoras en el país.
Diez de esos casos ocurrieron en Colón, el mismo departamento donde Escaleras desarrolló su trabajo comunitario.
El dato representa una concentración territorial significativa y coloca al departamento en el centro de las preocupaciones por la protección de los liderazgos ambientales.
En América Latina, Global Witness documentó 105 casos durante ese mismo año.
La montaña que lleva su nombre también está en disputa
La historia de Carlos Escaleras permanece vigente: la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos, que lleva su nombre.
En 2024, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 18-2024, que restableció la extensión original de la zona núcleo del parque y estableció medidas contra la actividad minera en áreas protegidas.
La normativa revirtió una reducción aprobada en 2013, que había facilitado el ingreso de proyectos extractivos.
No obstante, las organizaciones denuncian que, transcurridos más de dos años desde su aprobación, sigue pendiente su aplicación efectiva.
Para las comunidades, el problema no se limita al cumplimiento de una disposición legal.
También se relaciona con la protección de las fuentes de agua y los territorios que dependen de ellas.
¿Qué sigue debiendo el Estado hondureño?
El pronunciamiento de CEJIL, el ERIC-SJ y otras organizaciones identifica cuatro exigencias fundamentales.
- Cumplir integralmente las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana.
- Investigar y establecer todas las responsabilidades pendientes en el caso.
- Aprobar e implementar un protocolo especializado para investigar agresiones contra personas defensoras.
- Aplicar efectivamente el Decreto 18-2024 para proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Las organizaciones consideran que estas medidas son indispensables para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos.
A casi tres décadas del crimen de Carlos Escaleras, el caso ya no representa solamente una discusión sobre lo ocurrido en 1997.
También mide la capacidad del Estado hondureño para cumplir una sentencia internacional y garantizar que defender el agua, los bosques y los territorios no implique quedar desprotegido.
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