Las capturas se acumulan, los operativos continúan y el Cártel del Diablo sigue bajo investigación.
Pero los dos hombres identificados como sus principales dirigentes aún no han sido detenidos.
La captura de tres presuntos integrantes, el 26 de octubre de 2026, coloca bajo examen los resultados de una ofensiva policial que lleva meses desarrollándose.
La operación se ejecutó en Sulaco, Yoro, uno de los municipios donde las autoridades concentran sus esfuerzos para desarticular esta organización.
Sin embargo, las investigaciones plantean que las detenciones no necesariamente significan que la estructura perdió su capacidad de operación.
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Tres nuevas capturas del Cártel del Diablo en Sulaco
Las autoridades detuvieron a tres personas durante un operativo y se identificaron como Cristian Jonás Córdova Ramos, de 22 años; Cenayda Guadalupe Oviedo Rodas, de 24; y Cendy Johana Rodríguez Palma, de 27.
Según la investigación policial, Córdova Ramos estaría vinculado con el cobro de dinero relacionado con privaciones de libertad atribuidas a la organización.
Las autoridades también lo relacionan con el caso de Blenda Jaqueline Amador Domínguez, ciudadana estadounidense, por el cual enfrenta señalamientos de secuestro agravado.
Las otras dos detenidas se investigan por asociación para delinquir y su presunta participación en actividades de distribución de drogas.
Durante el procedimiento, los investigadores decomisaron dos teléfonos celulares que quedaron bajo custodia de las autoridades.
Los tres sospechosos fueron remitidos a las instancias correspondientes. Su responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial.
De 2025 a 2026: los antecedentes de una ofensiva prolongada
La búsqueda de los integrantes del Cártel del Diablo no comenzó con las capturas de octubre.
En junio de 2025, un enfrentamiento registrado en el sector de El Desmonte, Sulaco, marcó uno de los antecedentes de las operaciones posteriores.
En octubre de ese mismo año, las investigaciones policiales llegaron hasta Guatemalita, Orica, Francisco Morazán, donde se detuvo dos presuntos integrantes.
Para entonces, las autoridades ya relacionaban a la organización con actividades ilícitas en Yoro y otras zonas del centro del país.
Durante 2026, las operaciones se intensificaron y el 17 de marzo, una intervención policial en El Carrizal, Sulaco, permitió detener a un sospechoso y localizar indumentaria y otros objetos presuntamente relacionados con la estructura.
El 7 de mayo, agentes policiales capturaron a dos hombres en una zona montañosa de Marale, Francisco Morazán.
Las autoridades los identificaron como Selvin Nani Zerón Murillo y Jarol Alexander Hernández, señalados como presuntos integrantes de la organización.
Días después, el 15 de mayo, se detuvo a dos mujeres en Sulaco, una de ellas se identificó como hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.
Para esa fecha, la Policía informó que 12 personas vinculadas con la estructura se detuvieron.
La ofensiva también comenzó a alcanzar a familiares, presuntos colaboradores y personas señaladas por facilitar actividades de la organización.
Diecinueve detenidos, pero los principales objetivos seguían pendientes
Para julio de 2026, fuentes vinculadas con las investigaciones policiales señalaban que al menos 19 presuntos integrantes del Cártel del Diablo permanecían en prisión.
El balance se conoció en septiembre y mostró avances en la captura de personas relacionadas con diferentes niveles de la organización.
Sin embargo, la búsqueda de sus principales dirigentes continuó y los investigadores identifican a Yonatan Levi Estrada Villanueva, conocido como JT, como el principal cabecilla de la estructura.
A Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, lo ubican como segundo al mando y jefe operativo.
Esta diferencia se explicó en mayo por el director de la DPI, Rolando Ponce Canales.
Ferrera Rodas adquirió notoriedad por su aparición en videos difundidos en redes sociales, pero las investigaciones situaban a Estrada Villanueva por encima de él.
Hasta los reportes que se divulgaron en octubre, ninguno de los dos se capturó.
Cártel del Diablo: de Yoro a las montañas de Francisco Morazán
Otro elemento que preocupa a los investigadores es el desplazamiento de integrantes hacia otras comunidades.
Las autoridades señalaron que la organización extendió su presencia hacia zonas montañosas de Francisco Morazán, principalmente a Marale y áreas del valle de Siria.
Las fuentes de inteligencia consultadas para esa investigación estimaron que el grupo podría contar con unos 70 integrantes.
Las investigaciones también señalan posibles mecanismos de reclutamiento entre pobladores de comunidades rurales.
Algunas personas se incorporaron mediante presiones, mientras otras participaron en actividades de distribución de drogas o apoyo logístico.
La declaración como organización terrorista y los procesos judiciales
El 18 de septiembre de 2026, las autoridades hondureñas declararon al Cártel del Diablo como organización terrorista.
La decisión se produjo en medio de las operaciones desplegadas contra el grupo y de las investigaciones sobre hechos ocurridos en Yoro.
Ese mismo mes, el Ministerio Público informó sobre procesos penales contra tres presuntos integrantes vinculados con un caso investigado en Sulaco.
Posteriormente, la Policía Nacional comunicó que los acusados recibieron auto de formal procesamiento por delitos relacionados con asociación terrorista y atentados contra la vida.
¿Qué falta para desarticular al Cártel del Diablo?
Las capturas de octubre demuestran que las investigaciones continúan, pero todavía no permiten establecer el grado real de debilitamiento de la organización.
La Policía detuvo a personas señaladas como operadores, colaboradores y presuntos participantes en actividades ilícitas.
También desarrollaron intervenciones en comunidades rurales y zonas montañosas donde se investiga la presencia del grupo.
No obstante, los dos principales dirigentes siguen pendientes de captura en los últimos informes disponibles.
A esto se suma la necesidad de determinar si las operaciones redujeron las actividades atribuidas a la estructura y la presión sobre las comunidades.
Para los pobladores de Sulaco, Yorito y otras comunidades mencionadas en las investigaciones, el resultado de las operaciones tiene consecuencias que van más allá de las estadísticas.
Se trata de recuperar condiciones de seguridad, movilidad y tranquilidad en territorios.
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