Cuando la administración de Donald Trump decidió calificar a ocho grandes cárteles latinoamericanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), se abrió una nueva etapa de incertidumbre en Honduras y América Latina.
Las consecuencias según expertos van más allá de la lucha antidroga y amenazan con transformar el panorama económico, político y social del país.
Esta amenaza aseguran puede atrapar a empresarios, ciudadanos y hasta instituciones en una red compleja de riesgos legales y financieros.
La amenaza que nadie vio venir
En una América Latina ya golpeada por décadas de corrupción y crimen organizado, la designación terrorista a los cárteles por parte de Estados Unidos, entre ellos la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en Honduras, El Salvador y Guatemala, no hizo más que acelerar la sensación de riesgo.
"Las empresas que operan en zonas controladas por estos grupos podrían enfrentar sanciones criminales y multas millonarias bajo la Ley Antiterrorista (ATA), la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y regulaciones de lavado de dinero", señala el análisis de los abogados de Miller & Chevalier, Matteson Ellis, James Tillen y Maria Lapetina.
Estos abogados trazan el nuevo panorama de riesgos en la región, explicando cómo incluso las empresas legítimas pueden enfrentar severas sanciones por interacciones involuntarias con estas organizaciones criminales omnipresentes.
Negocios en medio del fuego cruzado
Para muchas empresas hondureñas, la interacción involuntaria con estos grupos es casi inevitable debido al control territorial que ejercen.
Los sectores más vulnerables son agricultura, logística, transporte y telecomunicaciones, donde extorsiones disfrazadas de "pagos por protección" las exponen.
Corrupción local, repercusiones globales
En Honduras, donde más del 60% considera a la Policía como altamente corrupta, los riesgos se multiplican.
Los pagos ilícitos exigidos por autoridades infiltradas por los cárteles pueden desencadenar cargos por corrupción bajo la FCPA.
Esta es una amenaza que puede paralizar inversiones extranjeras y comprometer la estabilidad económica del país, según los expertos.
La Mara Salvatrucha: del crimen al terrorismo
La MS-13, particularmente señalada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, tiene en jaque a las comunidades hondureñas con prácticas criminales arraigadas.
Ahora, con la etiqueta de terrorismo, cada acto criminal, extorsión o lavado de activos será perseguido con dureza extrema por Estados Unidos.
Esto aumenta la presión sobre Honduras para responder eficazmente ante el accionar de este ahora grupo "terrorista".
Salvaguardas que aún no llegan
Pese a los riesgos, Honduras carece de protocolos claros frente a esta nueva amenaza. Empresas y comunidades continúan expuestas mientras esperan políticas públicas robustas que las protejan contra los efectos indirectos de esta designación.
La falta de preparación institucional aumenta la vulnerabilidad de todo el país frente a futuras investigaciones internacionales y demandas millonarias.
"Es un punto que debe estar en la agenda de las autoridades, ahora es México el que está en el ojo del huracán, pero Honduras no escapa por la presencia de la MS-13", dice un comerciante preocupado con lo que puede ocurrir.
Terroristas
La designación de los cárteles como terroristas por Estados Unidos no solo es una declaración política, sino un parteaguas para países como Honduras, donde la delgada línea entre víctima y colaborador involuntario se vuelve más peligrosa que nunca.
Esta medida cambia las reglas del juego en América Latina y Honduras tendrá que responder con rapidez para no quedar atrapada en esta nueva realidad impuesta desde el exterior.
La orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump designa oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras a ocho grandes grupos criminales latinoamericanos.
Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
