El cerco contra Juan Ramón Molina se estrecha. La Fiscalía hondureña no solo lo acusa de un fraude millonario con licencias de conducir, sino que ahora golpea directamente su patrimonio: 3 inmuebles, 7 bienes muebles, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles aseguraron en operativos realizados en Tegucigalpa y Nacaome.
Con este paso, el Ministerio Público desmantela la fortuna que, según la investigación, se levantó sobre cimientos de corrupción y desvío de fondos públicos.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) confirmó que el aseguramiento incluyó casas, embarcaciones, vehículos y cuentas bancarias, todos vinculados a Molina Rodríguez y a la otra acusada, Liana María Mayorga Castillo.
Los operativos se desplegaron para golpear lo que, según la investigación, fue un patrimonio construido gracias a contratos fraudulentos y al desvío de fondos públicos.
La presunta corrupción de Molina
La investigación hondureña se centra en la adjudicación en diciembre de 2021 de un contrato a Plasticards S.A., para el suministro de 480 mil tarjetas PVC destinadas a licencias de conducir.
El Ministerio Público sostiene que tras recibir 18.5 millones de lempiras, la empresa transfirió 17 millones a Inversiones M y M.
Esa era una propiedad de Molina y sus familiares, según la investigación del Ministerio Público.
Con esos fondos se importaron apenas 258 mil tarjetas, lo que generó un faltante de 222 mil unidades que no llegaron a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Las pesquisas revelan además que parte del dinero fluyó hacia Interamerican Service Unlimited Corp, empresa radicada en Miami y vinculada directamente a Molina, señalada por autoridades estadounidenses como fachada financiera.
El otro frente: sentencia en Estados Unidos
Este aseguramiento en Honduras ocurre mientras Molina enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
En junio de 2025, se declaró culpable en una corte federal de Miami por conspiración para cometer lavado de dinero.
Era un dinero que se liga a sobornos en contratos de uniformes policiales, según la Fiscalía de Florida.
El próximo 29 de septiembre de 2025 escuchará su sentencia ante la jueza Melissa Damian. Podría recibir hasta 10 años de prisión, multas millonarias y decomiso de bienes.
De interés: De los uniformes a las licencias: la doble trama de corrupción de Molina
Una fortuna en ruinas
El Ministerio Público hondureño sostiene que los bienes asegurados son apenas una parte de la estructura patrimonial de Molina.
La misma se levantó mediante un esquema de corrupción que funcionó con empresas de papel, transferencias trianguladas y contratos inflados.
Hoy, el exdirector de la Tasa de Seguridad enfrenta dos realidades: la justicia estadounidense lo sentenciará y la hondureña avanza en desmantelar su riqueza.
Las casas, las cuentas y las sociedades incautadas son la evidencia visible de cómo la corrupción puede construir imperios, pero también de cómo pueden desplomarse cuando la justicia los alcanza.
