Más de una década después de que decenas de familias perdieran sus viviendas en uno de los proyectos habitacionales más controversiales de Honduras, el caso Ciudad del Ángel parece acercarse a su desenlace definitivo.
Una reciente resolución judicial dejó firme la sentencia que reconoce la responsabilidad de varias instituciones y abre la puerta al pago de una indemnización que podría alcanzar los 280 millones de lempiras.
La decisión representa un paso clave para 54 familias que durante más de 13 años han buscado justicia tras perder sus hogares debido a las fallas geológicas que afectaron gravemente la urbanización ubicada en el sector sur de Tegucigalpa.
Según el abogado Marlon Arévalo, representante legal de los afectados, la resolución emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia marca el inicio de la etapa de ejecución de la sentencia, lo que significa que las partes condenadas deberán comenzar a responder económicamente por los daños ocasionados.
La Corte Suprema dejó firme la sentencia
De acuerdo con Arévalo, la Sala de lo Penal declaró sin lugar un recurso de casación presentado dentro del proceso judicial.
La decisión tiene un efecto determinante porque convierte la sentencia en definitiva y ejecutable.
"Al declararse sin lugar el recurso, la sentencia queda firme y se habilita la etapa de ejecución", explicó el profesional del derecho.
Con este fallo, los afectados consideran que se ha superado uno de los últimos obstáculos legales que mantenían suspendido el cumplimiento de la resolución judicial.
¿Quiénes deberán pagar la indemnización?
La sentencia establece responsabilidades compartidas entre varias entidades involucradas en la aprobación y desarrollo del proyecto habitacional.
Según explicó la defensa de las familias, la compensación económica deberá ser asumida de manera proporcional por tres actores principales:
- La corporación municipal.
- La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
- La empresa constructora responsable del proyecto.
Cada una de estas partes tendría que cubrir aproximadamente una tercera parte del monto total de la indemnización.
Esto representaría pagos individuales cercanos a los 90 o 95 millones de lempiras por institución.
El origen del conflicto que marcó a decenas de familias
El caso Ciudad del Ángel se convirtió en uno de los episodios urbanísticos más polémicos registrados en Honduras.
Durante años, las familias adquirieron viviendas en una urbanización que posteriormente presentó severos daños estructurales debido a la inestabilidad del terreno.
Las grietas comenzaron a aparecer en calles, viviendas y otras estructuras, generando preocupación entre los residentes.
Con el paso del tiempo, los daños aumentaron hasta volver inhabitables numerosos inmuebles.
Muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, perdiendo inversiones que en algunos casos representaban los ahorros de toda una vida.
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Estudios previos ya advertían sobre los riesgos
Uno de los aspectos que ha sido determinante dentro del proceso judicial es la existencia de estudios técnicos que, según la defensa de los afectados, advertían desde décadas atrás sobre las condiciones geológicas de la zona.
El abogado Marlon Arévalo señaló que investigaciones realizadas por especialistas japoneses desde 1990 alertaban sobre fallas geológicas y riesgos asociados a corrientes subterráneas que atraviesan sectores específicos del sur de la capital.
Según explicó, esos estudios identificaban problemas en varias zonas, incluyendo áreas cercanas a la Laguna del Pedregal y otros sectores donde convergen corrientes subterráneas.
A criterio de la representación legal de los afectados, estas advertencias debieron ser tomadas en consideración antes de otorgar permisos para el desarrollo urbanístico.
¿Por qué los tribunales encontraron responsabilidad estatal?
Durante el proceso judicial se analizó el procedimiento mediante el cual se autorizó la construcción del proyecto.
De acuerdo con el abogado de los afectados, para desarrollar una urbanización es obligatorio contar con permisos municipales y licencias ambientales que certifiquen la viabilidad de la obra.
La sentencia concluyó que existieron omisiones e irregularidades relacionadas con la autorización del proyecto, situación que derivó en la responsabilidad compartida entre instituciones públicas y actores privados.
Los tribunales determinaron que las condiciones geológicas del terreno fueron un factor determinante en los daños sufridos posteriormente por las viviendas.
¿Cuánto recibiría cada familia?
La compensación total estimada asciende a aproximadamente 280 millones de lempiras.
Si la indemnización se distribuye entre las 54 familias reconocidas dentro del proceso, cada una podría recibir en promedio unos 2.5 millones de lempiras.
Arévalo sostiene que la cifra no representa una ganancia extraordinaria para los afectados.
Por el contrario, considera que se trata de una compensación justa por las pérdidas económicas sufridas durante más de una década.
"Las familias invirtieron más de un millón y medio de lempiras en sus viviendas y han esperado durante años para obtener justicia", manifestó.
Trece años de espera por una resolución
Para muchas de las personas afectadas, el proceso judicial se convirtió en una larga batalla legal.
Durante más de trece años enfrentaron recursos, apelaciones y diversas etapas procesales que retrasaron la obtención de una sentencia definitiva.
Algunas familias tuvieron que buscar nuevas viviendas, asumir deudas y enfrentar pérdidas patrimoniales importantes tras abandonar sus hogares.
El caso llegó a convertirse en un símbolo de los riesgos asociados a proyectos urbanísticos desarrollados sin las condiciones técnicas adecuadas.
Posibles repercusiones internacionales
El abogado de los afectados también advirtió que el incumplimiento de la sentencia podría generar consecuencias para el Estado hondureño.
Según explicó, existen preocupaciones relacionadas con disposiciones recientes vinculadas a la inembargabilidad de bienes estatales.
A criterio del profesional del derecho, una eventual negativa o retraso injustificado en el cumplimiento del fallo podría abrir la puerta a acciones legales en instancias internacionales.
Arévalo considera que un escenario de esa naturaleza podría resultar más costoso para el país que cumplir con la resolución emitida por los tribunales nacionales.
