La muerte de la hondureña Floridalma Roque se convirtió en un símbolo de dolor e indignación. En junio de 2023, acudió a una clínica con la ilusión de someterse a una cirugía estética, pero el procedimiento terminó en tragedia.

Desde entonces, el proceso judicial ha estado marcado por excusas, recusaciones y traslados que frustra a sus hijos, quienes sienten que la justicia se acomoda en maniobras para evitar resolver con contundencia.

El caso pasó primero por el Juzgado Cuarto Penal, cuyo juez se excusó de conocerlo. Luego, la Sala Cuarta de Apelaciones lo trasladó al Juzgado Quinto.

Sin embargo, el 25 de septiembre de 2025 este tribunal también se apartó, argumentó que los delitos imputados: homicidio culposo, complicidad y encubrimiento propio, no superan los cinco años de prisión y, por lo tanto, deben ventilarse en un Juzgado de Paz.

Así, lo que para la familia es una tragedia dolorosa y un crimen atroz, para la justicia quedó reducido a un proceso considerado de “menor gravedad”.

Los cargos por la muerte de Floridalma

La resolución mantiene las acusaciones: Kevin Malouf será juzgado por homicidio culposo,

Lydia Silva por complicidad y Susana Rojas por encubrimiento propio. Pero, más allá de los señalamientos, lo que predomina es la percepción de que el sistema judicial busca escurrir su responsabilidad.

Los hijos de Floridalma dicen que se traslada el expediente de un tribunal a otro sin avanzar en el fondo del caso.

La indignación de una familia que exige justicia

Los hijos de Floridalma no aceptan que la muerte de su madre se trate como un caso menor.

Para ellos, el traslado al Juzgado de Paz es una maniobra más que diluye la responsabilidad y posterga la justicia.

“Mi madre no murió por un descuido menor, murió por la negligencia de un equipo médico”, repiten con impotencia.

Cada audiencia que se suspende, cada inhibición y cada resolución técnica es, para ellos, una forma de negar la magnitud del dolor que les dejó la ausencia de Floridalma.

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Un proceso atrapado en tecnicismos

El caso Floridalma Roque refleja cómo los tecnicismos legales pueden convertirse en un muro para las víctimas.

El traslado a un Juzgado de Paz significa que habrá que esperar nuevas audiencias y que la resolución se siga aplazando.

En medio de este laberinto judicial, lo único claro es la indignación de una familia que no concibe que la vida de su madre se reduzca a un expediente que va de un tribunal a otro sin justicia a la vista.