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La delincuencia en el departamento de Olancho, en el oriente de Honduras, ha alcanzado niveles alarmantes, con Catacamas y Juticalpa destacándose como los dos municipios más violentos de los 23 que conforman la región.
Catacamas, en particular, en el 2023 se posicionó como el sexto municipio más violento a nivel nacional, según datos recientes, lo que resalta una creciente crisis de seguridad en esta zona del país.
El repunte de la violencia en Olancho se ha convertido en un claro reflejo de la penetración del crimen organizado, el sicariato y la impunidad en la región.
Las cifras de homicidios y muertes violentas en el departamento siguen siendo preocupantes, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener el fenómeno.
El ciclo de violencia en Olancho
De acuerdo con Wendy Juárez, delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Olancho, la violencia en la región ha ido en aumento durante los últimos años.
En entrevista al noticiero Hoy Mismo de TSi, Juárez explicó que el departamento de Olancho registró 290 muertes violentas en 2020, cifra que aumentó a 341 en 2021, y alcanzó las 355 muertes en 2022. Para el 2023, el número de homicidios fue de 309 y en lo que va del año 2024 ya se reportan alrededor de 250 muertes violentas.
Juárez destacó que un alto porcentaje de estos crímenes siguen sin esclarecerse, lo que contribuye a una creciente sensación de inseguridad entre la población.
La impunidad y la demanda de medidas de seguridad
La delegada del CONADEH hizo hincapié en que la impunidad es uno de los principales factores que alimenta el ciclo de violencia en Olancho. "Un alto porcentaje de los crímenes y muertes violentas todavía se encuentran en la impunidad.
Esto genera una alarma entre la población, que se siente desprotegida y desamparada ante la violencia", dijo Juárez, quien también destacó que la falta de resolución de estos casos no solo afecta a las víctimas directas, sino que también alimenta un clima de miedo y desconfianza en las autoridades.
Ante esta situación, la población de Olancho ha comenzado a demandar con mayor insistencia la implementación de medidas de seguridad efectivas.
Juárez subrayó la necesidad de políticas públicas que protejan tanto a los emprendedores como a los ciudadanos en general.
"Sabemos que en nuestra región hay un movimiento constante de personas que se dedican al emprendimiento, que trabajan para mejorar la economía de sus familias. Estas personas también están expuestas a la violencia".
"Por lo tanto, es crucial que las autoridades implementen políticas de seguridad que protejan la integridad de todos los hombres y mujeres de la región", señaló.
Un llamado a las autoridades
Desde el CONADEH, Juárez instó a las autoridades a tomar acciones más efectivas para contrarrestar la violencia y la impunidad en Olancho.
"Es urgente que se implemente una política de seguridad integral que no solo se enfoque en la represión del crimen, sino también en la prevención y en la resolución de los casos ya ocurridos", expresó.
Además, la delegada destacó la importancia de fortalecer las instituciones de justicia en el departamento, pues considera que un sistema judicial eficiente y operativo es fundamental para reducir los índices de criminalidad.
"El fortalecimiento de la justicia es clave para combatir la impunidad, y si no se resuelven los casos de violencia, la ciudadanía seguirá perdiendo la confianza en el sistema", concluyó Juárez.