El Cespad recordó que, como organización, surgieron en en el contexto del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009, y que ha sido una "voz activa en contra de la narcodictadura (ocho años del expresidente Juan Orlando Hernández) y a favor de la instauración de un gobierno democrático en Honduras".

La organización sostiene que en una democracia, los derechos a disentir, asociarse libremente y protestar deben ser protegidos por la institucionalidad estatal.

Por lo anterior, rechazó que el oficialismo, liderado por el partido Libertad y Refundación (Libre), esté convocando a una marcha paralela a la de las antorchas, considerandola "contraproducente para el fortalecimiento del espacio cívico democrático".

"La organización de marchas paralelas resulta contraproducente para el fortalecimiento del espacio cívico democrático y aleja el consenso social necesario para combatir la corrupción y promover una transformación democrática en Honduras", dijo el Cespad en un comunicado.

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Movilizaciones paralelas

El expresidente de Honduras y actual coordinador de Libre, Manuel Zelaya, convocó a una movilización a favor de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional.

La convocatoria del coordinador de Libre está pactada para el martes 18 de julio a las 5:00 de la tarde, mismo día y hora en la que se desarrollará la marcha de las antorchas, convocada por unas 40 organizaciones que urgen la instalación de una misión anticorrupción.

"Convocatoria a iniciar movilizaciones en todo el país por la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Justicia Tributaria, objetada por el Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) y el bipartidismo, y en apoyo a la presidenta Xiomara Castro para la instalación de la CICIH", escribió Zelaya en Twitter.

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"Lucha contra regímenes autoritarios"

En ese sentido, el Cespad indicó que "esta movilización, que cuenta con la participación de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, incluyendo aquellos que han luchado contra regímenes autoritarios y corruptos, busca impulsar cambios significativos en el Congreso Nacional".

Entre las preocupaciones que motivan la marcha se encuentran los limitados avances en la derogación de los decretos conocidos como "pactos de impunidad", los cuales, a criterio del Cespad, obstaculizan el enjuiciamiento de funcionarios corruptos.

Aunque se celebra la reciente derogación de algunos decretos en el Congreso Nacional como el 57-2020 y el 93-2021, el Cespad considera que aún falta mucho por hacer.

El decreto 57-2020 obligaba al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción.

Mientras que el 93-2021 incluye varias reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos.

Sin embargo, sectores piden la derogación del decreto 116-2019, mismo que blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos.

Asimismo, el decreto 4-2022 relacionado a la amnistía política aprobada por la actual administración.

El decreto 4-2022 denominado "Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan", absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.

Vea además: Libre convoca a movilización a favor de la CAF y Ley Tributaria; paralela a las antorchas