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Ana María Calderón Boy, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), no se mostró sorprendida ante la noticia de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional el controvertido Decreto 4-2022.
Según Calderón Boy, esta decisión representa el "candado" final para cerrar cualquier posibilidad de instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
"El Decreto 4-2022, llamado ‘Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan’, otorga una amnistía amplia, absoluta e incondicional" señala la exvocera de la MACCIH.
Calderón dice que lo más preocupante es que abarca delitos como: malversación de caudales públicos, secuestro, falsificación de documentos, rebelión y sedición, "tanto del Código Penal de 1983 como del vigente Código Penal de 2018", afirmó.
Impunidad garantizada
Calderón Boy señala que esta "amnistía" no es más que un mecanismo para generar impunidad, ya que beneficia principalmente a funcionarios, empleados y autoridades electas que ejercieron su cargo entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
"Es claro que este decreto busca proteger a ciertos grupos políticos, garantizando que no enfrentarán ninguna consecuencia legal por actos de corrupción o delitos cometidos durante ese periodo", agregó Calderón.
"Lo peor es que abarca desde la tentativa hasta la consumación de los delitos, obligando a jueces, magistrados y fiscales a cerrar los casos y archivar diligencias en curso. Además, las sanciones impuestas se extinguen y los beneficiarios no podrán ser detenidos o iniciar un proceso en el futuro por los mismos hechos", apuntó.
Justicia a la carta
Para Calderón, la aprobación de este decreto es un obstáculo insuperable para la llegada de la CICIH, pues impone restricciones que impedirán una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad.
"Lo que se genera es lo que llamo 'justicia a la carta', donde solo se investigan ciertos personajes y hechos, mientras que otros se blindan por la amnistía", expresó con frustración.
A pesar de que el Decreto 4-2022, aprobado el 2 de febrero de 2022, contempla la creación de la CICIH, Calderón subraya que esto es una contradicción.
"No existirá plena independencia para investigar todos los casos. Las limitaciones impuestas por la amnistía restringirán cualquier intento serio de enfrentar la corrupción", concluye.
La sombra de la campaña electoral
El contexto electoral actual en Honduras preocupa a Calderón, quien considera que el debate sobre la CICIH se politizó.
"Estamos en plena campaña electoral, y las críticas o promesas en torno a la llegada de la CICIH no reflejan un verdadero interés en combatir la corrupción", aseguró.
"Muchos de los que hoy lamentan que no se instale la CICIH fueron los mismos que, en 2020, facilitaron la salida de la MACCIH", recalca.
Lejana la CICIH
En 2020, la salida de la MACCIH marcó un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Honduras, un país donde los esfuerzos por instaurar una comisión internacional similar a la CICIG de Guatemala encontró numerosos obstáculos políticos y legales.
La decisión de la CSJ de declarar constitucional el Decreto 4-2022 representa, para muchos, el golpe final a la esperanza de una CICIH.
Calderón Boy concluye que, mientras estas barreras sigan vigentes, la posibilidad de que la CICIH se instale en Honduras es cada vez más lejana.