En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado la implementación de un censo penitenciario.
Esta medida busca proporcionar una visión clara sobre las condiciones en las cárceles, la infraestructura, los recursos disponibles y las medidas de control implementadas para garantizar la seguridad y derechos de las personas privadas de libertad.
El censo penitenciario, según la CIDH, es una herramienta esencial para mejorar la administración y transparencia del sistema.
Permitirá obtener datos concretos sobre la cantidad de personas encarceladas, sus identidades y las condiciones en que cumplen sus sentencias.
Esta medida es clave para los defensores de Derechos Humanos, porque dicen que se reportan casos de personas cumpliendo condenas ajenas debido a suplantaciones de identidad.
La realidad
Hugo Maldonado, presidente del Comité de Derechos Humanos (Codeh), señaló que el censo es necesario para corregir estos problemas de identificación y destacó que ya se han dado pasos en esa dirección.
Durante el año 2023, el Registro Nacional de las Personas (RNP) realizó un proceso de enrolamiento y pre-registro de las personas privadas de libertad, así como del personal operativo y administrativo en los centros penitenciarios del país.
Este esfuerzo, sin embargo, aún requiere mayor seguimiento. Según Maldonado, “es fundamental tener claridad sobre quiénes están dentro del sistema, no solo para evitar irregularidades, sino también para garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados”.
El contexto del informe de la CIDH
El informe de la CIDH resaltó además otras recomendaciones clave para mejorar el sistema penitenciario de Honduras.
Entre ellas, la necesidad de desmilitarizar gradualmente las prisiones y transferir el control a autoridades civiles calificadas.
Sin embargo, tras una serie de incidentes, el Gobierno hondureño tomó la decisión de otorgar la gestión de los centros penitenciarios a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) desde julio de 2023.
A pesar de estos esfuerzos, la CIDH insiste en la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión basado en autoridades civiles, que garantice un enfoque más humanitario y respetuoso de los derechos humanos.
El censo
El censo penitenciario serviría como un punto de partida crucial para identificar las necesidades y desafíos actuales, y poder tomar decisiones informadas sobre las mejoras que requieren los centros penales.
“Sin duda ayudaría en la toma de decisiones para la administración del sistema y permitiría tener un control más preciso sobre la situación de los privados de libertad”, explicó un juez de ejecución, quien destacó que una de las principales dificultades actuales es la falta de datos actualizados y confiables sobre la población carcelaria.
“Hemos identificado casos de personas que están cumpliendo condenas ajenas, lo cual se ha descubierto al encontrar en su poder las tarjetas de identidad de otras personas. Esta situación refleja la complejidad del problema”, explicó Hugo Maldonado, presidente del Codeh.
Uno de los casos que demuestra esa suplantación es el de dos hermanos, en el que uno asumió la identidad del otro para cumplir una sentencia.
No fue hasta la muerte de uno de ellos que las autoridades penitenciarias se percataron de la suplantación, descubriendo que quien estaba purgando la condena no era el verdadero responsable del delito.
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