Un juez impuso este lunes una pena de cinco años de cárcel contra Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por su participación en la fraudulenta compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público (MP), Guevara Mondragón también fue condenado a pagar una multa de 39 millones de lempiras y la inhabilitación por el doble de tiempo de prisión.
Además, detalló que el excontador de Invest-H fue condenado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en concurso ideal por la adquisición irregular de 474,000 mascarillas entre los meses de abril y mayo de 2020.
Esto, cuando el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
El 'mascarillazo'
Según la investigación realizada por el MP, exfuncionarios de Invest-H se confabularon con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario; violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
De igual forma, descubrieron que Marco Bográn, exdirector de Invest-H, Juan José Lagos Romero, Elena Hernández y María Palacios, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería.
Sin embargo, de las indagaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor de Lagos Romero.
Como se recordará, por este fraude se obtuvo una pena de seis años de reclusión más una multa por el monto defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la condena en contra de Bográn.
Mientras que al coimputado Alex Moraes, exadministrador de INVEST-H, únicamente se le condenó por violación de los deberes de los funcionarios y se le decretó la inhabilitación especial por cuatro años seis meses.
Los otros involucrados prófugos de la justicia por esta irregular compra superior a los 39 millones de lempiras son: la especialista administrativa y financiera, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza; las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V, Juan José Lagos Romero.
