En medio del proceso de reestructuración del Estado impulsado por el gobierno, ha surgido la posibilidad de trasladar el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) a la Secretaría de Cultura. A primera vista puede parecer una decisión administrativa menor dentro de una política de simplificación institucional. Sin embargo, en realidad se trata de una decisión con implicaciones mucho más profundas para el futuro del sector audiovisual y para la economía del país.
El IHCINE no nació como una dependencia cultural tradicional. Fue creado por la Ley de Cinematografía (Decreto 3-2019) como parte de una estrategia para desarrollar una industria audiovisual nacional. Su diseño institucional reconoce que el cine es simultáneamente cultura, economía y proyección internacional.
Durante décadas, el cine hondureño sobrevivió prácticamente sin apoyo estatal. Generaciones de cineastas produjeron películas con recursos personales, cooperación internacional y enormes sacrificios financieros.
Fue precisamente esa experiencia la que llevó al sector a replantear su discurso ante el Estado. El cine dejó de presentarse únicamente como una expresión artística y comenzó a mostrarse como lo que realmente es en el siglo XXI: una industria capaz de generar empleo, atraer inversión extranjera y dinamizar múltiples sectores económicos.
Cine, una industria que mueve la economía
Este enfoque es el que ha transformado el cine en varios países de la región.
En República Dominicana, la ley de cine se convirtió en una política económica nacional. Hoy la industria cinematográfica genera más de 25,000 empleos, atrae más de 200 millones de dólares en inversión extranjera en producción audiovisual y aporta alrededor de 0.3% del PIB del país. La actividad cinematográfica también dinamiza hoteles, transporte, construcción de sets, servicios técnicos y turismo.
Colombia siguió un camino similar. La Ley de Filmación Colombia creó incentivos para atraer producciones internacionales, lo que ha permitido generar más de 130,000 empleos directos en la industria audiovisual y atraer más de 861 millones de dólares en inversión audiovisual internacional en los últimos años. Hoy el país es uno de los principales destinos de rodaje en América Latina.
Honduras dio un paso importante en esa dirección cuando aprobó su Ley de Cine en 2019. Con recursos mucho más modestos que los de otros países, el país logró construir algo que tomó décadas de esfuerzo: una arquitectura institucional para desarrollar una industria audiovisual.
El IHCINE forma parte de ese diseño. Por eso su consejo directivo no está compuesto únicamente por actores culturales. En él participan los gremios del cine hondureño, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), precisamente porque la ley reconoce que el cine no es solo una actividad artística, sino una cadena productiva que involucra múltiples sectores de la economía.
Reducir esa institucionalidad a una dependencia cultural cambiaría el modelo sin decirlo abiertamente. En términos prácticos, significaría enviar una señal al mercado, a los inversionistas internacionales y a la cooperación cultural: que el cine en Honduras vuelve a ser visto únicamente como actividad artística subsidiada, no como industria.
También existe un aspecto legal que no puede ignorarse. El IHCINE fue creado por una ley aprobada por el Congreso Nacional. Su estructura, funciones y órganos de gobernanza están definidos en ese marco legal. Modificar su naturaleza institucional no es una decisión administrativa menor; implicaría reformar la ley.
Sin embargo, el debate no debería centrarse únicamente en la estructura administrativa del instituto. La pregunta de fondo es otra: qué tipo de política pública quiere Honduras para su industria audiovisual.
Los países que han logrado consolidar sus sectores cinematográficos no han debilitado sus institutos de cine. Al contrario, los han fortalecido como herramientas para atraer inversión, formar talento y proyectar su imagen cultural en el mundo.
Honduras aún se encuentra en una etapa temprana de ese proceso. Los fondos son limitados y los resultados todavía están en construcción. Pero la estructura institucional existe, y construirla fue lo más difícil.
Desmontarla por razones administrativas sería un retroceso innecesario.
El cine es cultura, sí. Pero también es empleo, inversión, turismo, exportación de servicios y reputación internacional.
La decisión que tome el país en este momento definirá si Honduras apuesta por desarrollar una industria cinematográfica propia o si permite que ese proyecto se diluya antes de alcanzar su madurez.
