El ranking evaluó áreas clave de los Congresos de 14 países de América Latina en: normatividad, presupuestos, labor parlamentaria y participación ciudadana.

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Aunque hubo una leve mejora desde la prepandemia, persisten grandes 'deudas pendientes', según informe que abarcó el período de enero a agosto de 2023.

El informe tiene como objetivo sistematizar y analizar datos sobre los poderes legislativos de la región, enfocándose en la transparencia y el acceso a la información pública.

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El informe

En esta sexta edición, la primera pospandemia, el índice señala un ligero progreso en los poderes legislativos de la región. Sin embargo, destaca importantes deficiencias en la apertura de información y en la rendición de cuentas de legisladores y asesores.

Honduras resultó ser el país que peor evaluación sacó en el ranking con un promedio de transparencia del 23,59 %. 

Su indicador más preocupante se da en el área de Presupuesto y Gestión Administrativa, donde el Congreso Nacional (CN) sólo alcanzó un 10,51 %-

"El Congreso Nacional realiza una publicación mensual de la ejecución presupuestaria, aunque esta carece de desagregación, omitiendo información relevante como los gastos en alimentación durante las reuniones, acciones de comisiones ordinarias y extraordinarias, entre otros", señala el informe.

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Otros hallazgos

El informe detalla que el CN no publica los gastos ejecutados por las bancadas o grupos parlamentarios del Congreso, y tampoco se conoce el porcentaje del presupuesto que se ejecuta en las comisiones o grupos parlamentarios.

"Es esencial contabilizar y publicar los gastos realizados por estas entidades, en línea con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Esto permitiría evaluar la productividad de las comisiones y grupos parlamentarios". señala.

El mejor evaluado es Chile, que retoma el primer lugar en el ranking con un promedio del 63,02 %. Destacando la participación ciudadana, Chile ha implementado la iniciativa 'Congreso Virtual', permitiendo a los ciudadanos acceder a los proyectos de ley y participar activamente, enriqueciendo así el debate legislativo.

Perú sigue en la segunda posición con el 59,51 %, seguido por México en el tercer lugar con un 51,63 %.

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