El Congreso Nacional comenzó la lectura formal del dictamen que contiene la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, una iniciativa diseñada para equiparar formalmente a las maras y pandillas con estructuras de crimen organizado y asociaciones terroristas.
El proyecto legislativo busca asestar un golpe definitivo al crimen mediante el endurecimiento drástico del marco punitivo, estableciendo penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes simples y de 40 años hasta prisión perpetua para los principales cabecillas y financistas.
Asimismo, la normativa contempla una política de cero beneficios penitenciarios, la imposición obligatoria de encarcelamiento en módulos de máxima seguridad y la prisión perpetua automática para quienes asesinen a operadores de justicia o miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Escala de sanciones penales y multas para los integrantes
El dictamen fija penas de 40 años de cárcel a prisión perpetua más multas de 1,500 a 2,000 días para cabecillas, directivos, promotores y financistas, definiendo formalmente a este último como quien contribuya a financiar la estructura directa o indirectamente.
Por su parte, los simples integrantes enfrentarán de 30 a 40 años de prisión y multas de 750 a 1,500 días, categoría que incluye explícitamente a quienes elaboren, difundan o coloquen grafitis, textos o símbolos alusivos al control territorial.
Adicionalmente, el documento fija en el Artículo 588 sanciones de 20 a 30 años de cárcel para la colaboración sin pertenencia (información, transporte o servicios tecnológicos), pena que se elevará de 30 a 40 años si es cometida por un funcionario público.
De tu interés: CN listo para dictamen sobre reformas penales contra maras y pandillas
Creación de la Fuerza Especial Penitenciaria y riguroso control
Para garantizar el control absoluto de los recintos carcelarios, la ley impulsa la creación inmediata de una Fuerza Especial Penitenciaria encargada del manejo, custodia y disciplina dentro de los establecimientos de máxima seguridad.
Los privados de libertad sometidos a esta normativa deberán cumplir con reglas estrictas que incluyen el uso obligatorio de uniforme, corte de cabello corto, rostro rasurado, registro biométrico continuo y la prohibición absoluta de realizarse nuevos tatuajes.
Además, las autoridades contarán con la potestad técnica para neutralizar aeronaves no tripuladas o drones que sobrevuelen los centros penitenciarios, tipificando como delito grave el intento de introducir objetos prohibidos por esta vía.
Borrado de simbología y erradicación del control territorial
En el ámbito territorial, la legislación faculta a la Policía Nacional, la Policía Militar y las autoridades municipales a destruir y borrar de forma inmediata cualquier grafiti o mensaje alusivo a estructuras criminales en bienes públicos o privados.
Cualquier intento por reponer o pintar nuevamente dicha simbología en las comunidades será sancionado penalmente con el mismo rigor y las mismas penas aplicables a los miembros de una asociación terrorista.
Con el avance de este debate en el hemiciclo, el Poder Legislativo busca dotar al Estado de un paquete operativo de choque destinado a erradicar el chantaje, la extorsión y la violencia de las calles del país.
EN DESARROLLO...
