La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, reiteró este viernes su llamado al gobierno de la República para que considere mantener el Tratado de Extradición con Estados Unidos.

"Siempre lo hemos dicho como sector empresarial, el gobierno debe reconsiderar la vigencia del Tratado de Extradición", expresó Gallardo en una entrevista para Noticieros Hoy Mismo de TSi.

Para la dirigente empresarial, si el gobierno decide mantener el convenio de extradición, enviaría "un buen mensaje" a los inversionistas, demostrando que cualquier persona que tenga problemas con la ley o la incumpla debe rendir cuentas ante la justicia.

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"La seguridad jurídica es un atractivo para la inversión local y extranjera", afirmó Anabel Gallardo.

Fin del Tratado de Extradición

El Tratado de Extradición vence el 28 de febrero, luego de que el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, presentara la denuncia por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, justificando "injerencias" de Estados Unidos en los asuntos internos de Honduras.

La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2024 ante la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

El canciller Reina reafirmó hoy que la extradición es un mecanismo importante, pero al gobierno le preocupa que se pueda utilizar como una herramienta política.

También manifestó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna instrucción de los más altos niveles para retroceder en la cancelación del acuerdo de extradición.

El gobierno tampoco ha recibido una propuesta por parte de la administración de Donald Trump sobre este tema, pero de recibirla estarán dispuestos a estudiarla, agregó.

Aunque el Tratado de Extradición data de 1909, Honduras comenzó a entregar a hondureños solicitados por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico a partir de 2014.

Estas entregas fueron posibles luego de que en 2012 el Congreso Nacional aprobara, mediante adición, una reforma al artículo 1012 de la Constitución de la República. El procedimiento se rige por un Auto Acordado aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2013.