Este lunes 19 de mayo aterrizarán en Honduras 18 connacionales que aceptaron ser retornados voluntariamente desde Estados Unidos bajo la aplicación migratoria CPB One Home, que impulsa la administración de Donald Trump para reducir los costos de deportación.

A primera vista, el hecho parecería solo un nuevo capítulo en la gestión migratoria; sin embargo, analistas advierten que detrás de esa colaboración hay un interés mayor: mantener a Washington alejado de la política electoral hondureña.

Según el analista Lester Ramírez, Honduras cede ante los lineamientos del expresidente republicano, ahora nuevamente al mando.

Busca blindarse ante posibles intervenciones o pronunciamientos de Estados Unidos sobre el proceso electoral del 30 de noviembre, cuando el país elegirá a un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes.

Del discurso combativo a la cooperación

Durante la presidencia de Joe Biden, el gobierno de Honduras adoptó una postura crítica e incluso desafiante en temas migratorios.

Pero con Trump, el tono cambió radicalmente. “Honduras colabora bastante con Trump, incluso al grado de aceptar deportados venezolanos, que hacen escala aquí antes de ser enviados a su país”, explicó Ramírez.

Esta colaboración no solo incluye la recepción de connacionales que se autodeportan, sino también la facilitación de rutas para terceros países, lo que sugiere una flexibilidad migratoria alineada con los intereses de Washington.

Una deportación “digna”

El vicecanciller Antonio García defendió la medida como una oportunidad para que los migrantes regresen “con dignidad”, sin enfrentar procesos forzosos ni detenciones.

Bajo la nueva orden ejecutiva de Trump, que se firmó el 9 de mayo, cualquier migrante indocumentado puede solicitar un vuelo gratuito para regresar a su país. Incluso se ofrece un incentivo de 1,000 dólares (casi 26 mil lempiras) por autodeportarse.

No obstante, esta política tiene un impacto directo en Honduras. En lo que va del año, más de 8,000 hondureños han sido deportados de Estados Unidos.

En 2024, Honduras recibió más de 9,740 millones de dólares en remesas, consolidándose como la principal fuente de divisas del país.

La salida forzada o autodeportación podría poner en riesgo ese flujo vital para millones de hogares.

Más que economía: el riesgo de la inseguridad

Aunque el retorno masivo de hondureños podría parecer una carga para la economía nacional, Lester Ramírez matiza ese punto:

“La mayoría de los empleos están en el sector informal, así que no se vería un impacto tan fuerte en términos económicos”. Pero advierte sobre un peligro más inmediato: la seguridad.

“Regresan personas con historiales criminales, y no hay un registro ni un seguimiento claro de parte de la Policía", señala.

Ramírez asegura que ya se dieron casos donde, días después de que los deportan, algunos son asesinados o participan en actos delictivos.

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Cálculos políticos en juego

A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, Trump deportó 35 % menos personas en su primer mes de gobierno que la media mensual bajo Biden.

Lo que parece una paradoja revela una estrategia más fina: incentivar las salidas voluntarias para reducir costos y responsabilidades.

Con elecciones generales en el horizonte y tensiones internas creciendo, el país parece optar por ceder en migración para evitar cuestionamientos externos sobre democracia, transparencia o legitimidad.

La relación entre Honduras y Estados Unidos entra en una nueva fase. Bajo la cooperación migratoria, lo que se juega es mucho más que el retorno.

Se juega la estabilidad política de un país que no quiere sorpresas extranjeras en sus urnas, según el analista.