En un tribunal de Tegucigalpa se abrió este lunes juicio oral y público contra Arleny Sarahí Guerra Portillo, presunta integrante de la pandilla 18, señalada como una de las principales responsables de la masacre de 46 mujeres, perpetrada el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara.
La acusada enfrenta cargos por 46 asesinatos, cuatro intentos de asesinato en grado de tentativa inacabada, asociación para delinquir e incendio cualificado.
El juicio, que se celebra en la Sala I del Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado, Corrupción y Medio Ambiente, se extenderá hasta el 30 de mayo.
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El Ministerio Público informó en un comunicado que, a través de la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), presentará 97 pruebas documentales y testimoniales con las que pretende acreditar la responsabilidad penal de Guerra Portillo.
Precedente judicial
Por los mismos hechos, el Ministerio Público logró que el mismo tribunal condenara a otras 15 mujeres identificadas como integrantes de la pandilla 18.
Entre ellas figuran Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene Tercero, alias "La Tremenda", María del Carmen Contreras Castillo y Rosa Bertha Marroquín Almendares, conocida como "La Nena".
También fueron condenadas María Cristina Cálix Salinas, alias "La Fuga", Any Dayann Barahona Mejía, alias "la Vagabunda" y Dania Jakeline Maradiaga Flores alias "La Inquieta".
Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, y Francis Margarita Chavarría Ávila, son las demás encontradas culpables por la masacre en PNFAS.
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Las condenas incluyeron delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación ilícita, incendio cualificado y, en algunos casos, posesión ilegal de armas y municiones prohibidas.
La masacre en PNFAS reveló el nivel de violencia que puede gestarse tras los muros de un centro de detención y puso en evidencia el poder que aún ejercen las estructuras criminales al interior de los recintos penitenciarios.
Con este nuevo juicio, el Ministerio Público reafirma su compromiso de esclarecer cada muerte ocurrida en las cárceles del país, recordando que el derecho a la vida es inviolable, incluso tras las rejas.
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