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El abogado Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora, denunció la existencia de un convenio anual de 175 millones de lempiras destinado al pago de personal extranjero contratado por el gobierno anterior. Según el funcionario, estos fondos provenían de instituciones que deben proteger exclusivamente las pensiones.
En entrevista para Noticiero Hoy Mismo, Núñez detalló que el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) aportaban 35 millones cada una, mientras Planificación Estratégica sumaba 105 millones.
El dinero se canalizaba a través de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Los recursos financiaban a médicos y profesores de Cuba, además de asesores de Venezuela y Argentina. Esta triangulación financiera se realizó bajo una cláusula de secretividad que impidió a la población conocer nombres y montos específicos, según el denunciante.
El convenio, firmado en 2022 y renovado anualmente, perdió vigencia hace apenas un mes. Actualmente, las autoridades realizan el cierre administrativo mientras confirman que gran parte del personal extranjero ya abandonó el territorio hondureño.
"Secretividad" y falta de control en el manejo de fondos públicos
Núñez advirtió que la cláusula de confidencialidad del contrato ha bloqueado cualquier intento de fiscalización interna inmediata. Por esta razón, el Tribunal Superior de Cuentas deberá gestionar el acceso a la información ante el organismo diplomático.
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“El mismo Estado no puede tener acceso ni a nombres ni a montos de aquellas personas contratadas. Ya tendría que ser el TSC quien haga la gestión necesaria”, explicó el abogado.
Además, se reveló que ciudadanos venezolanos habrían manejado medios de comunicación estatales, actividad que la ley hondureña prohíbe. El control de contenidos públicos estuvo bajo el mando de asesores internacionales sin supervisión local.
El esquema también evitó el dictamen obligatorio de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Esta omisión técnica pone en duda la legalidad del uso de fondos destinados originalmente a los jubilados del sistema público.
Núñez enfatizó que la falta de transparencia en la contratación de personal extranjero es un patrón que debe ser investigado a fondo.
Investigación especial por presunta red de vigilancia política
La denuncia también incluye el hallazgo de una oficina de acceso restringido donde solo operaban cubanos y venezolanos. Se sospecha que este espacio funcionaba como un centro de vigilancia contra figuras de la oposición y periodistas.
“Había nacionalidades venezolanas y argentinas decidiendo qué transmitir y qué no en los medios del Estado. Eso la ley hondureña no lo permite”, puntualizó Núñez.
Los archivos que no tengan vinculación directa con el caso serán remitidos a la Comisión de Bienes Nacionales. Mientras tanto, los indicios de irregularidades financieras ya fueron puestos a disposición del Tribunal Superior de Cuentas.
La Comisión Liquidadora espera que el Ministerio Público actúe de oficio tras recibir el informe técnico del ente contralor.
El objetivo es identificar a los responsables de desviar recursos que debían garantizar el futuro de los maestros. Por ahora, los bienes sobrantes del convenio están siendo distribuidos como donaciones a diversas instituciones necesitadas.
La sociedad espera que el cierre de este acuerdo aclare el uso de los 175 millones de lempiras anuales.
El rol de la Comisión Liquidadora en la reestructuración estatal
La Comisión Técnica Liquidadora es el órgano especial designado por Finanzas para gestionar el cierre de instituciones suprimidas. Su labor se rige por decretos ejecutivos como el PCM 004-2026 para optimizar el presupuesto.
Este equipo tiene la tarea de ejecutar despidos masivos y procesar las liquidaciones laborales pendientes de miles de empleados. Además, deben trasladar recursos presupuestarios para cumplir con las obligaciones legales ante los proveedores.
La comisión también realiza auditorías profundas donde han detectado anomalías graves en carteras como Planificación Estratégica. Estas revisiones incluyen el análisis de sistemas de vigilancia y pagos injustificados detectados recientemente.
El equipo juramentado en marzo de 2026 es liderado por Leonel Núñez Espinoza junto a otros cuatro integrantes técnicos. Ellos actúan como la primera instancia para resolver reclamos administrativos derivados de la supresión de oficinas.
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