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Honduras no llegó a ser uno de los países más violentos del mundo por accidente; la violencia fue el resultado de decisiones acumuladas, de respuestas cortas ante problemas largos y de un Estado que, frente al crimen, optó por contener en lugar de comprender.
Así lo expone el informe “Criminalidad e inseguridad en Honduras: evaluando la capacidad estatal de reducir la violencia y combatir la criminalidad organizada”, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH y otras organizaciones regionales.
Entre 2014 y 2017, el país registró más de 20 mil homicidios, con tasas que quintuplicaban el umbral que la comunidad internacional considera una epidemia de violencia.
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Violencia: más leyes, menos resultados
En esos años, Honduras aprobó más leyes en materia de seguridad que en las dos décadas previas. Sobre el papel, parecía un avance, pero en la práctica, fue otra cosa.
El informe —basado en más de 100 indicadores, análisis de legislación, estadísticas oficiales y entrevistas— advierte que las reformas respondieron a una lógica reactiva y militarista, sin atacar las causas estructurales de la violencia .
El problema no era la falta de leyes, sino, su aplicación, su diseño y, sobre todo, su prioridad.
El dinero sí estuvo… pero no donde debía
Uno de los pilares de esa estrategia fue la Tasa de Seguridad. Entre 2014 y 2017, el Estado recaudó más de 10,500 millones de lempiras para enfrentar la criminalidad.
Pero el destino de esos fondos reveló el verdadero enfoque: casi la mitad fue a la Secretaría de Seguridad y más del 40 % a Defensa. Mientras tanto, el Ministerio Público recibió apenas el 6 % y el Poder Judicial solo el 3 %.
Impunidad: el combustible del crimen
El sistema de justicia no logró responder al volumen de violencia. De más de 21 mil denuncias por delitos contra la vida, solo el 5.54 % llegó a convertirse en requerimientos fiscales.
Los datos, obtenidos de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Observatorio Nacional de la Violencia, evidencian una brecha crítica entre delito y castigo.
El mensaje fue claro en ese entonces: delinquir en Honduras tenía pocas consecuencias.
Un modelo que sigue vigente
A casi una década del periodo analizado, muchas de las decisiones siguen pesando. El informe fue concebido como una línea base del Monitor Centroamericano.
Esa era una herramienta diseñada para evaluar avances o retrocesos en la región en materia de seguridad, justicia y Estado de derecho .
Pero más que un punto de partida, terminó siendo un retrato de un modelo que aún no se corrige.
Honduras no solo enfrenta la violencia; en muchos sentidos, sigue enfrentando el modelo que ayudó a construir.
Porque antes de hablar de nuevas estrategias, de más operativos o de reformas urgentes, hay una pregunta que sigue pendiente: ¿qué se hizo mal?
Revisar el pasado no es un ejercicio nostálgico, es una necesidad. En un país que aún lucha por doblegar a la criminalidad, mirar hacia atrás —con datos, con evidencia y sin maquillajes— puede ser el primer paso para no repetir los mismos errores.
Porque la violencia que hoy desborda no nació de la nada, se diseñó, se permitió… y todavía no se ha corregido.
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