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El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, anunció que el Estado de Honduras utilizará fondos públicos para indemnizar a las personas afectadas por el fraude financiero de Koriun Inversiones.
En la sesión legislativa del miércoles, el parlamentario anunció que la presidenta Xiomara Castro "ha dado instrucciones" para que, en caso de que el dinero no se recupere, las personas afectadas "por esta mecánica que se está realizando" puedan reparar las pérdidas con fondos públicos.
El titular del Legislativo señaló también que el caso de Koriun Inversiones evidencia la necesidad urgente de reformar el marco legal para prevenir este tipo de estafas.
"Esto nos llama a nosotros a tener que hacer y considerar una legislación, que ya estamos nosotros preparando, para poder prevenir, evitar, controlar y devolverle al Código Penal el tipo penal que fue eliminado por este Congreso Nacional" en el llamado Código Penal de la impunidad.
"Ya más adelante estaremos presentando el informe de la comisión", agregó en lo que sería una alusión a la comisión especial nombrada en 2024 para la redacción de un nuevo Código Penal.
Además: Comisión del CN recomendará redactar un nuevo Código Penal por irregularidades en el vigente
¿Qué opinan los expertos en derecho?
El abogado Luis Romero cuestionó duramente la decisión de utilizar fondos públicos y denunció que no hay claridad sobre el proceso de devolución ni sobre la cantidad exacta de víctimas.
"Es insólito que se hayan encontrado más de 368 millones en efectivo y, encima de eso, se le haya puesto a disposición a este señor (...) más de 60 millones que estaban en los bancos para que él manejara la devolución", criticó en relación al gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez.
"No se ha escuchado ninguna persona que haya dicho 'a mí me devolvieron tanto' o que tengan un listado claro. Esto le correspondía a la Comisión Nacional de Banca y Seguro", manifestó Romero.
Aunque consideró que empezar a "llorar sobre la leche derramada es indebido", opinó que se tiene que buscar a las personas que se están quedando con el dinero de los aportantes de Koriun.
¿Qué es el Código Penal de la impunidad?
Romero se refirió también al "Código Penal de la impunidad", como se conoce al Código Penal que está vigente actualmente y que reduce condenas por actos de corrupción contra la administración pública.
"Efectivamente, este Código Penal que tenemos actualmente es una ley que es rechazada por la mayoría del pueblo desde su nacimiento, fue un acto impuesto prácticamente por el gobierno anterior y hoy por hoy empezamos a ver las diferente falencias que tiene", expresó el profesional del derecho.
En ese sentido, avaló lo dicho por el titular del Legislativo, de que el Código Penal eliminó los delitos respecto a las operaciones ilícitas financieras.
"Eran como cuatro, cinco artículos que regulaban todo este tipo de cosas que hoy por hoy no están en este Código Penal. El Estado tiene que legislar para ello, los diputados tienen esa obligación y tienen que reparar eso", agregó.
Romero también advirtió que no se puede dejar al supuesto responsable a cargo de la devolución del dinero, en referencia al gerente de Koriun Inversiones, y que el pueblo no debe asumir esa carga financiera.
"Tampoco pueden ellos (el Estado) poner al mismo lobo a cuidar las ovejas", indicó.
Romero explicó que nadie puede alejar ignorancia de la ley y que las personas afectadas por Koriun deben estar conscientes de sus actos. Además, debían saber que había un riesgo bastante alto y que al final la operación en Koriun no les salió como esperaban.
También enfatizó que el pueblo hondureño, de forma general, no se puede hacer responsable de las pérdidas de un grupo, porque ni siquiera se sabe cuánto dinero es ni cuántas personas son, y puede generar una carga financiera bastante elevada para el Estado.
El Estado cometería un delito indemnizando a afectados de Koriun
De su lado, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió que "devolver dineros en el tema de Koriun configura un delito, (al hacerlo) usted está malversando caudales públicos, está faltando a sus deberes como funcionario".
También mencionó que para aprobar esa medida se necesita mayoría simple, es decir, el voto de 65 diputados, "y no la tiene el gobierno".
Barrientos remarcó que "están configurando un delito y la Constitución es bien clara: nadie está obligado al cumplimiento de órdenes ilegales. Aunque haya un PCM del poder Ejecutivo, un decreto, ese decreto es ilegal, y todos los ministros que participen votando a favor están cometiendo delito", así como los diputados que den su aprobación.
Explicó que la Constitución no faculta tomar dineros del Estado y que sin una regulación jurídica previa se gasten esos recursos.
Barrientos también alertó sobre la posibilidad de que el dinero de Koriun esté vinculado a redes criminales.
"Hay una red criminal detrás de eso, se presume que pueden estar metidas maras y pandillas, que puede haber un lavado de activos, entonces eso significa que el Estado va a pagarle a una red criminal, porque es una red criminal la que ha cometido eso", apuntó.
Con ese antecedente, "de repente va a venir alguien, va a robar un banco ¿y entonces el Estado va a venir y les va a pagar lo que los ladrones se fueron a robar del banco?", se preguntó.
El abogado constitucionalista insistió que el hecho de que el Estado pague por las pérdidas en Koriun "es un mal precedente, es un pésimo precedente" y consideró que se trata de un acto de demagogia en año político electoral con el propósito de congraciarse con la gente.
"¡Ay, qué pobrecitos, perdieron el dinero y entonces viene el súper salvador del Estado a través de Xiomara Castro a pagarles el dinero", ironizó.
¿Qué establece la Constitución sobre intervención económica?
El artículo 333 de la Constitución establece que la intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social, y por límite los derechos y libertades reconocidas por esta Constitución.
¿Qué se sabe del caso Koriun?
Koriun Inversiones operaba desde hace más de seis años en Choloma, Cortés, y en otros departamentos como Olancho, Choluteca, Santa Bárbara y Copán. Prometía a sus socios un rendimiento del 5 % semanal, lo que generó sospechas de fraude bajo el esquema Ponzi.
El 23 de abril de 2025 fue intervenida por el Ministerio Público. Se encontraron más de 350 millones de lempiras en efectivo, 69 millones en cuentas bancarias y 213,000 dólares. Operaba sin autorización de la CNBS, solo con un permiso municipal.
El 14 de mayo, Iván Velásquez, gerente de la empresa, fue capturado por lavado de activos y posesión ilegal de armas. Desde entonces, se han registrado protestas por parte de los afectados, quienes exigen la devolución de su dinero y la liberación del empresario.
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