En el 2022, el Conadeh atendió 46 casos que involucraron a 78 personas como víctimas en Honduras.
De este total, el 70% estuvo en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% restante fue objeto de desplazamiento forzado.
Durante esos 4 años, la UDFI destacó que se atendieron 4,192 quejas que vinculaban a unas 10,288 personas en riesgo y como víctimas de desplazamiento forzado debido a la violencia.
En el documento se detalla que, del total de quejas atendidas por el Conadeh, 132 casos están relacionados con el reclutamiento forzado de personas.
Las personas víctimas del reclutamiento forzado las utilizan en muchas ocasiones para cometer actos delictivos, ya sea como informantes, sicarios, para llevar a cabo actos de extorsión, el transporte de drogas o como parejas sentimentales.
Las quejas
Del periodo objeto de análisis, el año 2022 se destacó como el año en que el Conadeh atendió la mayor cantidad de quejas por reclutamiento forzado, con 46 casos que involucraron a 78 personas como víctimas.
De este total, el 70% estuvo en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% restante fue objeto de desplazamiento forzado.
En ese año, de un total de 46 quejas atendidas, el 74% (34 quejas) vincula como responsables del reclutamiento forzado o como principales agresores a miembros de maras y pandillas.
En ocho casos reportados, los responsables son personas desconocidas, en tres, personas conocidas, y en un caso, miembros del crimen organizado.
Las víctimas
Entre las víctimas se encuentran menores en edad escolar, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, así como trabajadores informales.
Los agresores utilizan amenazas directas, incluso contra familiares, y recurren a la violencia sexual.
"Además, los agresores les prometen todo a cambio de dinero, drogas, brindarles protección y un sentido de pertenencia como grupo familiar, según relataron los propios afectados", dice el informe.
Algunas de las víctimas también fueron objeto de amenazas contra la vida, acoso, violencia sexual e incluso de trata de personas.
Obligados a desplazarse
Las niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado por el reclutamiento de las redes criminales se los llevaron sus padres o familiares para protegerlos.
Estos se ven obligados a desplazarse a otros lugares para salvaguardar la integridad física y la vida de los menores.
En el año 2022, cinco departamentos del país denunciaron el reclutamiento forzado, poniendo en riesgo o convirtiendo en víctimas de desplazamiento forzado a casi un centenar de personas.
Francisco Morazán registró el 48% de los casos, Atlántida el 22%, Cortés el 17%, Choluteca el 11%, y Olancho el 2%.
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