El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) volvió a encender las alarmas. Esta vez, exige al Poder Ejecutivo firmar de manera urgente el decreto que daría vida a la Comisión de la Verdad para el Bajo Aguán.
Es de urgencia esa acción en una región que carga con un historial doloroso: al menos a 200 personas las asesinaron desde 2010, la mayoría en circunstancias vinculadas al conflicto por la tenencia de tierras.
La solicitud no es nueva, pero la urgencia se reaviva tras los recientes asesinatos de líderes campesinos en la zona.
Para el Conadeh, el Estado no puede dar la espalda a una crisis prolongada que cuesta varias vidas, desplaza familias y siembra el miedo entre comunidades rurales.
Conadeh: urge Comisión de la Verdad
Desde mediados de 2024, una propuesta de Decreto Ejecutivo PCM descansa sin firma en los escritorios de la Presidencia.
Dicha iniciativa la elaboró el Conadeh junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Su propósito: investigar las violaciones a derechos humanos en el Aguán y proponer medidas de reparación.
La Comisión también tendría como mandato contribuir al proceso de saneamiento de tierras, un punto clave para resolver de raíz la violencia estructural en la zona.
Sin embargo, la falta de voluntad política bloquea su conformación.
Medidas contradictorias desde el Estado hondureño
Pese a que en 2022 el Estado hondureño firmó un convenio para instalar una Comisión con enfoque de derechos humanos, en los hechos optó por crear una Comisión de Seguridad Agraria que excluye tanto a las víctimas como a los organismos defensores de derechos humanos.
Esta nueva instancia impulsó desalojos preventivos en zonas de conflicto, incrementando la tensión y el riesgo de violencia.
Según el CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia), entre junio de 2023 y julio de 2024 se emitieron 36 órdenes de desalojo, de las cuales 33 ya se ejecutaron.
Bajo Aguán: más sangre en la tierra
La muerte de tres líderes campesinos en julio volvió a sacudir al Bajo Aguán. A Héctor Otoniel Hernández lo asesinaron el 26 de julio.
Días antes, el 17 de julio, Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Rivas también los ejecutaron.
Todos eran miembros de cooperativas que desde hace años demandan acceso a tierras bajo marcos legales.
Estos crímenes, lejos de ser hechos aislados, representan una escalada de violencia y un reflejo de lo que el Conadeh califica como impunidad estructural.
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Conadeh, orígenes de la violencia en el Bajo Aguán
El informe del Conadeh enumera con claridad las raíces de la violencia: falta de seguridad jurídica, presencia del crimen organizado, control territorial, impunidad y ausencia de voluntad estatal.
Sin una intervención profunda y centrada en los derechos humanos, el ciclo de violencia seguirá repitiéndose.
Por ello, el organismo llama al Ministerio Público para que investigue los asesinatos y lleve ante la justicia a los autores materiales e intelectuales.
La exigencia es clara: que los crímenes no queden impunes.
El Bajo Aguán no puede esperar más. Cada día sin acción estatal es una ventana abierta a nuevos asesinatos, desalojos forzosos y sufrimiento.
La creación de una Comisión de la Verdad, con participación de las víctimas y un enfoque en derechos humanos, es un paso urgente hacia la paz en una región históricamente en el olvido.
