Desde que entró en vigor el estado de excepción en diciembre de 2022, en Honduras se reportan 85 muertes múltiples con un saldo de cerca de 350 personas asesinadas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó a las autoridades a actuar con urgencia, investigar estos crímenes y aplicar la ley de manera efectiva para evitar que estos actos queden impunes.
A pesar de las medidas implementadas por el gobierno para combatir la criminalidad, la violencia sigue cobrando vidas de manera alarmante.
La inseguridad ha llegado a tal punto que muchas comunidades viven bajo el miedo constante.
Los epicentros de la violencia
Las cifras revelan que 16 de los 18 departamentos del país son escenario de muertes múltiples.
Sin embargo, cuatro de ellos concentran el 60 % de estos crímenes: Francisco Morazán con 17 casos, Cortés y Yoro con 12 cada uno, y Olancho con 10.
En lo que va de 2025, seis departamentos reportan diez eventos de muertes múltiples, con un saldo de aproximadamente 35 víctimas.
Francisco Morazán lidera nuevamente la lista con cuatro casos, seguido por Olancho con dos. Colón, Ocotepeque, Comayagua y Yoro también son golpeados por esta ola de violencia.
Conadeh: "Las autoridades deben actuar con seriedad"
Ricardo López, delegado adjunto del Conadeh, enfatizó la necesidad de implementar mecanismos de prevención para evitar la repetición de estos crímenes.
"No se puede normalizar la violencia. El Estado debe garantizar el derecho a la seguridad y a la vida de la población hondureña", afirmó.
López también advirtió que el clima de violencia genera temor en la ciudadanía y podría afectar el próximo proceso electoral, obstaculizando el ejercicio libre del voto.
Por su parte, la comisionada Blanca Izaguirre manifestó en reiteradas ocasiones su preocupación ante la falta de respuesta estatal.
"Estos hechos violentos no pueden quedar impunes. No podemos permitir que la violencia siga enlutando a la sociedad", señaló.
Estado de excepción: ¿solución o fracaso?
El estado de excepción se implementó como una medida para combatir la criminalidad, pero los datos sugieren que no logra frenar la violencia.
A casi 27 meses de su vigencia, los asesinatos colectivos continúan siendo una realidad alarmante.
El Conadeh insiste en que esta medida debe revisarse y evaluarse de acuerdo con parámetros internacionales.
"El Estado debe analizar si esta política está dando resultados o si es necesario replantear la estrategia de seguridad", expresó López.
La urgencia de una política de seguridad integral
Los constantes hechos de violencia reflejan la necesidad de una política de seguridad integral que no solo reactive el sistema de investigación criminal, sino que refuerce la prevención y garantice justicia para las víctimas y sus familias.
El Conadeh enfatiza en su llamado a las autoridades para que estos crímenes no queden en la impunidad.
"No podemos seguir lamentando muertes sin respuestas. El Estado tiene la obligación de proteger a su población", concluyó López.
La realidad de Honduras exige acciones concretas. Cada día que pasa sin justicia es un día más en el que la violencia se afianza y la impunidad se convierte en norma.
La exigencia del Conadeh es clara: fortalecer los procesos de investigación, aplicar la ley sin distinción y garantizar que ninguna familia más tenga que llorar a sus muertos sin respuestas.
La pregunta es: ¿tomará el Estado hondureño las medidas necesarias para frenar esta crisis?
