El miércoles, el CNDS, con la presidenta Xiomara Castro a la cabeza, se reunió y ordenó investigar a las personas detrás de unas movilizaciones pacíficas en Choluteca, sur de Honduras, en la que empleados del rubro melonero y camaronero expresaron su temor a que la Ley de Justicia Tributaria sea aprobada.

Ante la orden de deducir responsabilidades por parte de la mandataria hondureña, quien además calificó la movilización como "anárquica", algunos analistas y organismos defensores de derechos humanos han cuestionado la medida y la han calificado como represiva.

En su pronunciamiento, la defensoría del pueblo explicó que el CNDS no tiene facultades para diseñar estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de protestas sociales o manifestaciones pacíficas.

Además, citó el concepto de protesta social o manifestaciones señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La protesta es la forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación y que las restricciones deben estar previstas en la ley en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara", citó.

Seguidamente, el Conadeh recordó al Gobierno que, en un Estado de derecho, los gobernantes tienen "el deber insoslayable de respetar las expresiones de descontento de la población o de sectores de cualquier tipo, ante las posibles decisiones gubernamentales mediante el ejercicio constitucional y legítimo del derecho a la manifestación pacífica y sin armas, y todo lo que este implica".

Movilizaciones en el sur

Como se indicó, el 9 de mayo, en Choluteca, sur de Honduras, se ejecutaron movilizaciones en las que empleados de la industria camaronera y melonera protestaron contra la intención de aprobar Ley de Justicia Tributaria, porque, consideran, en caso de aprobarse, desincentivará la inversión extranjera y la generación de empleos.

La presidenta Xiomara Castro calificó el acto como "anárquico" y convocó al CNDS, que se reunió el miércoles y determinó deducir responsabilidades a las personas detrás de la organizaciones de estas protestas.

La Secretaría de Seguridad anunció, además, que la Policía Nacional desplegará agentes secretos a esas movilizaciones.

El gobierno señala al sector empresarial de coaccionar a sus empleados, una versión que ha sido rechazada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

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