"Nos parece que no es esa la tónica, y en ese sentido, por eso les seguimos invitando -al Conadeh- y no solamente por medios, le he enviado diversas comunicaciones para el trabajo colaborativo", indicó Roque.

Seguidamente, explicó que este trabajo colaborativo pasa por las diversas inquietudes que puedan haber y ser parte de los procesos de garantía de derechos humanos.

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"Y no convertirse en un espacio de ataque al Gobierno, que está tratando de desmontar las prácticas dictatoriales que esa institucionalidad durante mucho tiempo acompañó", señaló la funcionaria.

Preocupación del Conadeh

En su misiva, el ombudsman de Honduras expresó el jueves su preocupación ante la resolución emitida por el CNDS que ordena deducir responsabilidades contra los organizadores de las movilizaciones en protesta a la Ley de Justicia Tributaria.

El miércoles, el CNDS, con la presidenta Xiomara Castro a la cabeza, se reunió y ordenó investigar a las personas detrás de unas movilizaciones pacíficas en Choluteca, sur de Honduras, en la que empleados del rubro melonero y camaronero expresaron su temor a que la Ley de Justicia Tributaria sea aprobada.

Ante la orden de deducir responsabilidades por parte de la mandataria hondureña, quien además calificó la movilización como "anárquica", algunos analistas y organismos defensores de derechos humanos han cuestionado la medida y la han calificado como represiva.

En su pronunciamiento, la defensoría del pueblo explicó que el CNDS no tiene facultades para diseñar estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de protestas sociales o manifestaciones pacíficas.

Además, citó el concepto de protesta social o manifestaciones señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La protesta es la forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación y que las restricciones deben estar previstas en la ley en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara", citó.

Seguidamente, el Conadeh recordó al Gobierno que, en un Estado de derecho, los gobernantes tienen "el deber insoslayable de respetar las expresiones de descontento de la población o de sectores de cualquier tipo, ante las posibles decisiones gubernamentales mediante el ejercicio constitucional y legítimo del derecho a la manifestación pacífica y sin armas, y todo lo que este implica".

El 9 de mayo, en Choluteca, sur de Honduras, se ejecutaron movilizaciones en las que empleados de la industria camaronera y melonera protestaron contra la intención de aprobar Ley de Justicia Tributaria, porque, consideran, en caso de aprobarse, desincentivará la inversión extranjera y la generación de empleos.

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