Las autoridades judiciales de Honduras han declarado culpables a los expolicías Orlin Antonio Ortez Fúnez, quien tenía el rango de subinspector, y Jassen Francisco Velásquez Cabreras, exagente depurado, por los delitos de secuestro agravado y allanamiento ilegal cometido por funcionarios o empleados públicos.
La Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) logró una sentencia de 18 años de prisión para Orlin Antonio Ortez Fúnez y 14 años para Jassen Francisco Velásquez Cabreras.
Estos se suman a las condenas previas de otros dos implicados en el caso: Daniel Esaú Torres Mendoza, agente policial, y Marvin Daniel Salinas Ramírez, quien se desempeñaba como conductor de un diplomático de una embajada.
Un grupo criminal dentro de la Policía
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los cuatro procesados formaban parte de una estructura criminal que operaba en Tegucigalpa y Comayagüela.
Fueron arrestados en distintos puntos de la capital, incluyendo la colonia Ayestas, barrio Las Crucitas y algunas instalaciones policiales.
El caso se remonta a junio de 2022, cuando los imputados irrumpieron en la vivienda de un comerciante, simulando realizar un operativo policial.
Una vez dentro, registraron el domicilio y posteriormente trasladaron a la víctima en un vehículo Toyota Hilux, color gris oscuro, bajo el supuesto de que estaba siendo detenida por las autoridades.
Sin embargo, el procedimiento resultó ser un montaje para ejecutar un secuestro extorsivo.
Durante varias horas, la víctima fue retenida mientras los criminales recorrían la ciudad capital.
En un principio, exigieron un pago de 100 mil lempiras por su liberación, pero finalmente negociaron la suma de 70 mil lempiras, que fue entregada por un tercero.
Pruebas contundentes y fallo judicial
Tras conocer los hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.
Gracias a la recopilación de pruebas, como videos que captaron la dinámica del secuestro y análisis de comunicaciones telefónicas, el Ministerio Público presentó la acción penal en contra de los acusados.
El fallo condenatorio reafirma la lucha contra la impunidad dentro de las instituciones de seguridad, enviando un mensaje claro de que ningún funcionario está por encima de la ley.
Este caso expone la vulnerabilidad del sistema ante la corrupción y el abuso de poder por parte de elementos que deberían velar por la seguridad ciudadana.
